Caso Nisman: resuelven que la causa vuelva a la jueza Palmaghini

La Cámara Nacional de CasaciónPenal resolvió hoy que la causa por la muerte del exfiscal Alberto Nisman vuelva a manos de la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini, luego de que el expediente pasara a la Justicia Federal, aunque la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia.
Fuentes judiciales informaron que el tribunal integrado por los jueces María Laura Garrigós de Rébori, Daniel Morin y Héctor Magariños dispuso, ante un planteo de la defensa del técnico
informático Diego Lagomarsino, que la causa vuelva al fuero
ordinario.
Lagomarsino está investigado por haber sido la persona que entregó a Nisman el arma calíbre 22 que intervino en la muerte del fiscal el 18 de enero de 2015 en su departamento del piso 13 del
complejo Le Parc, en Puerto Madero, aunque no está imputado por la hipótesis de homicidio, y se oponía al cambio de fuero.
La decisión fue tomada por el tribunal luego de que el expediente quedara en manos del juez federal Julián Ercolini y un equipo fiscal creado especialmente para investigar el hecho,
encabezado por los fiscales Eduardo Taiano y Laura Belloqui.
Más allá del fallo de este jueves de la Casación, las partes tienen la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia, que definirá finalmente qué juez y fuero es competente
para el caso.
Hace unos meses, la Sala VI de la Cámara del Crimen había resuelto que el caso debía pasar al fuero federal, porque Nisman murió como consecuencia de su labor como fiscal federal a cargo de
la investigación en el caso AMIA.
Fue luego que Palmaghini escuchara como testigo al exespía Horacio Antonio Stiuso, exdirector General de Operaciones de la exSIDE, quien dijo que a Nisman lo mataron y vinculó el hecho a
sectores alineados con el kirchnerismo.
La principal impulsora de que la causa pasara del fuero ordinario al federal es la exesposa de Nisman, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, quien asegura que el extitular
de la Unidad Especial AMIA fue víctima de un homicidio «vinculado a los servicios de inteligencia» y llegó a no descartar la posibilidad de que la orden haya sido dada por la expresidenta
Cristina Kirchner.
Los jueces María Laura Garrigós de Rébori, Mario Magariños y Daniel Morín consideraron que el fallo de la Cámara del Crimen que envió el caso a la Justicia Federal es una consideración
«arbitraria y errónea» de las normas legales y constitucionales que definen la asignación de la competencia.
«En el proceso no se ha incorporado, hasta la actualidad,elemento de prueba alguno que permita sostener, con fundamento jurídico, que la muerte del fiscal hubiese sido el resultado del
accionar de terceras personas» o bien o que «se hubiese motivado en el desempeño de sus funciones», concluyó la Cámara.
En ese sentido, los jueces evaluaron que «para el adecuado planteamiento de una cuestión de competencia» es necesario que «se individualicen los hechos sobre los cuales versa el proceso y se
precisen las calificaciones que pueden serle atribuidas a esos hechos o conductas, ya que de lo contrario, hasta tanto ello ocurra, debe continuar conociendo aquel magistrado que haya
prevenido en la causa».
Además, consideraron que «si los elementos de juicio incorporados en el proceso son insuficientes de tal forma que no pueden conocerse la modalidad de los hechos a investigar y la
calificación legal que corresponde otorgarles, debe seguir conociendo el juez que previno».
En tanto, evaluaron que las dudas en torno a la muerte del fiscal «no han podido ser esclarecidas hasta la actualidad», pues aún hay dudas sobre «cuándo ocurrió el óbito», las «condiciones en
las que se halló el cadáver», «el recorrido del proyectil» y «la posición de Nisman al instante del disparo, su caída» y «la intervención o no de terceras personas».
Los jueces Garrigós de Rébori, Morín y Magariños consideraron, al respecto, que la hipótesis en cuanto a que Nisman murió como consecuencia de su trabajo «no encuentra sustento en ningún elemento probatorio incorporado al proceso».
«Qué elementos obrantes en el sumario, tras casi un año y medio de investigación tramitada en el fuero ordinario y contenida en más de 60 cuerpos, acompañados de más de 25 cajas de documentación y efectos, motiva que la pesquisa sea reasignada al fuero federal», advirtió el Tribunal.
Y agregó: «Si la incertidumbre, la duda, la falta de convicción o una investigación signada por carices amorfos redundara en la intervención del fuero federal, no sólo se estaría convirtiendo a la excepción en regla, sino que se estaría poniendo en crisis a las bases mismas del federalismo».