Condena millonaria a Personal por una deuda que no existió
La empresa de telefonía móvil deberá abonar a la mujer un millón de pesos por haberla considerado morosa. Perdió el documento, otra persona contrató el servicio y nunca pagó.
Un nuevo revés judicial para la empresa de telefonía celular. La Justicia rosarina condenó a Telecom Personal a pagarle más de 1.000.000 pesos a una mujer que incorrectamente fue incluida como deudora morosa.
La mujer damnificada perdió el Documento Nacional de Identidad en el año 2005 y tiempo después comenzó a recibir llamados telefónicos e intimaciones a los fines de cancelar supuestas deudas a su nombre mantenidas con la empresa de telefonía móvil.
Tras realizar una serie de reclamos a la empresa Telecom Personal le aseguraron que la situación sería solucionada.
La situación le generó un trastorno aún mayor porque fue rechazada en otras dos empresas de telefonía celular porque figuraba en los registros de deudores morosos del Veraz.
Por una deuda de 847 pesos y ante el supuesto «robo de identidad» inició una acción judicial contra Telecom Personal.
La pericial caligráfica sobre los contratos y solicitudes de servicio que generaron la supuesta deuda permitió establecer que las firmas no le correspondían.
La mujer sostuvo que las situaciones que debió padecer le produjeron vergüenza, teniendo que dar explicaciones y le ocasionaron momentos desagradables.
En la resolución el juez en lo civil y comercial Carlos Cadierno afirma que «se ha visto afectada por el accionar poco profesional de parte de una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del país».
El magistrado destacó que el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor establece que «los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios».
El magistrado resolvió que por daños moral, psicológico y punitivo Telecom Personal fue condenado a pagar la suma de 370.000 pesos, que con los intereses supera 1.000.000 pesos.
El daño punitivo consiste en una multa civil, que se agrega al resarcimiento por daños, aplicada en beneficio del perjudicado, a los fines de castigar a los proveedores de bienes y servicios que incurran en graves inconductas.