VIERNES, 22 DE NOV

Presidente de diputados de Brasil va a juicio político

El jefe de diputados de Brasil, Eduardo Cunha, en el banquillo por su participación en delitos de corrupción por lo que fue allanada su residencia oficial, según decidió una comisión parlamentaria.

El jefe de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, será sometido a juicio político por su participación en delitos de corrupción por los que hoy fue allanada su residencia oficial, según decidió una comisión parlamentaria.
Tras varias sesiones postergadas, el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados aceptó hoy a trámite el proceso con vistas a la pérdida del cargo de Cunha, después de que este fue objeto de un operativo policial que también investiga a dos ministros del gobierno de Dilma Rousseff y a otros políticos por los delitos de corrupción en la estatal Petrobras.

La votación en el Consejo de Ética había sido postergada con diversas maniobras por diputados aliados a Cunha, que obstruyeron durante seis sesiones una votación que hoy finalmente concluyó con once votos a favor del proceso y nueve en contra.

Además de la casa de Cunha, hoy fueron registradas por la policía las residencias de los ministros de Ciencia y Tecnología, Celso Pancera, y de Turismo, Henrique Eduardo Alves, así como las del senador Edison Lobao, el diputado Aníbal Gomes y otros políticos.

Todos pertenecen al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente Michel Temer, que en las últimas semanas tomó distancia de Rousseff, quien a su vez puede ser sometida a un proceso con vistas a su destitución por maniobras fiscales irregulares en los balances del gobierno.

Según sostiene la Fiscalía, Cunha recibió de la red de corrupción en Petrobras unos 5 millones de dólares y mantenía ese dinero en unas cuentas secretas en bancos suizos, cuya existencia ha negado pero que ha sido comprobada por la Justicia helvética.

Como jefe de la Cámara de Diputados, Cunha aceptó iniciar el trámite para un juicio político contra Rousseff, fundamentado en irregularidades fiscales en las que ha incurrido el gobierno. La oposición sostiene que esas maniobras suponen «delito de responsabilidad», que es una de las causas que la Constitución contempla para destituir a un mandatario.

El proceso contra Rousseff comenzó la semana pasada en la Cámara baja, pero fue suspendido por la Corte tras atender una demanda oficialista que solicita esclarecer la forma en que será realizado el trámite.

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