¿Cuánto se les debe a los holdouts?

Por Héctor Giuliano para el Instituto de Investigaciones de Políticas y Proyectos Públicos del Círculo de Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional

La pregunta del título, en realidad, es doble porque debiera ser: cuánto se les pagó y cuánto se les debe todavía a los Holdouts, los tenedores de bonos que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010.

En una entrevista periodística reciente – La Nación, 5.6.2017 – el Jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda, Guido Sandleris explicó que a los Holdouts se les pagó en total la suma de 15.150 MD millones de dólares hasta la fecha.

Estos pagos se han venido realizando en función de los arreglos secretos de Marzo del año pasado entre el gobierno Macri y los fondos buitre que ganaron los juicios contra la Argentina en Nueva York.

Estos acuerdos del Ejecutivo fueron ratificados por la Ley del Congreso 27.249 sin que los legisladores contaran ni con los antecedentes ni con documentación respaldatoria alguna que permitiera conocer cómo y de dónde surgían los importes de pago acordados con todos y cada uno de los acreedores o grupo de acreedores a los que se convino abonarles sus reclamos en efectivo con fondos que se obtenían de la colocación de nueva deuda externa.

Punto relevante éste porque la esencia de los acuerdos era que los juicios perdidos se pagaban a los demandantes con deuda nueva que se colocaba con terceros.

El gobierno Macri no ha suministrado hasta la fecha informaciones directas claras y concretas  sobre el contenido de tales acuerdos ni facilitado el acceso a los documentos suscriptos junto con los antecedentes respectivos de cada caso.

Esta carencia es más grave todavía a la luz de las facultades cuasi-irrestrictas delegadas al entonces Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas – hoy Ministerio de Finanzas – en su calidad de Autoridad de Aplicación.

Con el agravante que hasta hoy no se ha constituido la denominada Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación que manda crear el artículo 18 de la citada Ley 27.249.

Vamos a detenernos un momento en este punto específico de la cuestión para que sirva de fundamento a lo que estamos expresando.

Lo que dice la ley de pago a los holdouts

Los principales artículos de la Ley 27.249 que se refieren específicamente a este tema de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo son:

– El Artículo 3, que modifica la ley 27.198 (de Presupuesto 2016) para que el Poder Ejecutivo – a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas – pueda proseguir con la normalización de los servicios de la deuda pública facultándolo para continuar con las negociaciones y realizar todos aquellos actos necesarios para su conclusión, de lo que deberá rendir informe detallado al Congreso trimestralmente.

– El Artículo 6, que autoriza a la Autoridad de Aplicación a efectuar enmiendas y/o adendas a los acuerdos de cancelación que autoriza la ley y a realizar todos los actos necesarios para cancelar la deuda con los tenedores de bonos que no estuvieren comprendidos en los acuerdos de cancelación ya suscriptos a esa fecha, incluyendo la firma de nuevos acuerdos y otros instrumentos.

– El artículo 7, que autoriza – siempre a través de la Autoridad de Aplicación, que es el Ministerio de Finanzas – la emisión de bonos del Tesoro y/o la contratación de otras operaciones de empréstito público por 12.500 MD (Millones de Dólares) para pagarle a los holdouts, ampliando para ello la Ley de Presupuesto 2016.

– El artículo 10, que concede facultades amplísimas y discrecionales al Ministerio de Finanzas para que pueda acordar o firmar lo que quiera, diciendo textualmente lo siguiente:

Artículo 10. Autorízase a la Autoridad de Aplicación a realizar todos aquellos actos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, incluyendo, sin limitación, a:

1. a) La determinación de las épocas y plazos de participación en las ofertas de cancelación de deuda;
2. b) La determinación de las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de los nuevos títulos públicos;
3. c) La designación de instituciones financieras que participarán en la colocación de los nuevos títulos públicos y la contratación de otros empréstitos de crédito público;
4. d) La suscripción de acuerdos con entidades financieras colocadoras de los nuevos títulos públicos a emitirse, previéndose, para ello, el pago de comisiones en condiciones de mercado, las que en ningún caso podrán superar el cero coma veinte por ciento (0,20%) del monto de emisión;
5. e) La preparación y registración de un programa de títulos públicos ante los organismos de control de los principales mercados de capitales internacionales;
6. f) La suscripción de acuerdos con agentes fiduciarios, agentes de pago, agentes de información, agentes de custodia, agentes de registración y agencias calificadoras de riesgo que sean necesarios tanto para las operaciones de cancelación de deuda como de emisión y colocación de los nuevos títulos públicos, previéndose el pago de los correspondientes honorarios y gastos en condiciones de mercado; y
7. g) El pago de otros gastos necesarios de registración, impresión, distribución de prospectos, traducción y otros gastos asociados, los que deberán ser en condiciones de mercado, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en la presente ley.

Esto es lo que aprobó la mayoría de los legisladores argentinos en el Congreso de la Nación a través de la Ley 27.249 de pago a los Holdouts el año pasado y de cuyos resultados no se tiene todavía noticia alguna.

Los números de los holdouts

El gobierno Kirchner no incluía la deuda con los Holdouts dentro de la Deuda Pública total del Estado Central.

Esta exclusión se basaba en que se le daba indebidamente a la misma el carácter de Deuda Contingente pese a que las acreencias de origen no habían sido impugnadas por la administración K y que desde el año 2014 los acreedores tenían sentencias en firme a su favor en la ciudad de Nueva York, dictadas por el juez Griesa, ratificadas por la Cámara de Apelaciones de la jurisdicción y corroboradas por la Corte Suprema de los Estados Unidos.[1]

Según el último informe de Deuda de la administración K al 30.9.2015 se acumulaban reclamos por parte de los Tenedores de Bonos no presentados al Canje por unos 11.600 MD: 6.200 de Capital y 5.400 de Intereses Acumulados.

Estas mismas cifras prácticamente se reproducían al 31.12.2015, apenas asumido el nuevo gobierno Macri: 11.500 MD, producto de 6.100 por Capital y 5.400 por Intereses.

Pero fueron corregidas posteriormente – en forma retroactiva – pasando a contemplar el nuevo Informe de Deuda al 31.12.2015 un total correspondiente a los Holdouts por 18.000 MD: 6.100 de Capital, 5.400 de Intereses (intereses moratorios) y 6.400 de Intereses Compensatorios o Punitorios.

Poco tiempo después – en Marzo de 2016 – el ministro Prat Gay habló una deuda total con los holdouts de 18.800 MD, casi 19.000.

Nótese que así la proporción de intereses a pagar era el doble del capital o principal de las deudas originales.

Esto es, que la administración Macri no sólo blanqueó la deuda con los holdouts – que el kirchnerismo soslayaba en sus cuentas – sino que la aumentó en 6.500 MD, que corresponden esencialmente al reconocimiento de los recargos por intereses a raíz de su allanamiento a las condiciones de rendición jurídicas y financieras ante los acreedores a través del mediador Daniel Pollack, designado por el juez Griesa.

Este total oficial se elevó un poco más según el Informe trimestral siguiente sobre Deuda Pública al 31.3.2016 – simultáneamente a que se diera a conocer el resultado de los acuerdos con los holdouts – pasando a 18.400 MD: 6.200 de Capital, 5.500 de Intereses y 6.700 de Punitorios (que además de no contar con los detalles respectivos no se conocen  las condiciones en que fueron determinados).

En abril de 2016 las autoridades anunciaron que se habían abonado 9.300 MD a los holdouts, usando para ello la mayor parte de los fondos provenientes de la colocación de nueva deuda externa por los 12.500 MD para pagarles a estos acreedores según autorizaba la Ley  27.249.

El gobierno Macri preveía entonces que los pagos totales a los holdouts serían de unos 10.500 MD y confiaban en una quita de hasta un 40 %, aunque no se sabe sobre qué importes se hacían tales estimaciones.

El ex ministro Prat Gay – en informes al Congreso y declaraciones ante la prensa – fue dando distintas versiones y porcentajes sobre la quita que se esperaba obtener en el pago de las sentencias a los holdouts (con variaciones según tipo de acreedor y concepto que se tratase) que iban desde de un 38 a un 30 % pero luego bajaron a un 25 %; sin que hubiera luego información definitiva acerca (y mucho menos, comprobable) de los resultados reales de tales descuentos, ni en valor absoluto ni en valor relativo.[2]

Lo cierto es que en el Informe de Deuda siguiente – al 30.6.2016 – la deuda remanente con los holdouts no era de 8.100 MD (18.400 – 9.300) sino algo mayor, de 8.700 MD: 3.700 de Capital, 2.600 de Intereses y 2.400 de Punitorios o compensatorios (siempre según las cifras oficiales del Ministerio de Finanzas).

Esto es, que hasta ese momento (después del pago de los 9.300 MD) se había cancelado menos de la mitad de la deuda total con los holdouts por concepto de Principal: el 40 % (unos 2.500 MD).

Al trimestre siguiente – 30.9.2016 – este monto prácticamente no se había movido: 8.800 MD: 3.700 Capital, 2.600 Intereses y 2.500 Punitorios o compensatorios.

Y al 31.12.2016 – última información oficial disponible – el monto de la deuda con los holdouts había quedado en 8.500 MD: 3.600 Capital, 2.500 Intereses y 2.300 Punitorios.

Toda esta evolución de la deuda con los holdouts aquí explicada puede resumirse en el cuadro siguiente (siempre en MD):

Fuente: Datos del Ministerio de Finanzas tomados de los Informes trimestrales de Deuda Pública.

(*) Entre el 31.3 y el 30.6 se pagaron los 9.300 MD declarados por el gobierno Macri.

Cabe aclarar que, en todos los casos, los importes están consignados con redondeo por lo que puede haber mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos, por las aproximaciones de cifras sobre los números en detalle.

Ahora bien, desde los últimos datos informados – que son sólo los datos de una hoja resumen al 31.12 pasado dado que el Informe de Deuda Pública no fue editado todavía en forma completa sino que falta toda la batería de una treintena de cuadros adjuntos que lo acompaña (entre ellos, el de Flujos y variaciones del período anual acumulado) – no se conoce otra información oficial hasta la fecha acerca del saldo que se debe a los holdouts, salvo la inferencia que pueda hacerse en base a las declaraciones del jefe de asesores de Economía.

Por ende, si según los dichos de Sandleris se pagaron 15.150 por cancelación de deudas con los holdouts y al 31.12.2016 se les debía aún 8.500 MD, la explicación lógica y matemática debiera ser que esa diferencia de 6.700 MD que se da en lo que va del 2017 sería la suma adicional de lo que se habría abonado en lo que va del año.

Caso contrario, si el saldo pendiente de los holdouts se haya mantenido poco más o menos en el mismo orden de los 8.000-8.500 MD ello significaría que, en realidad, la suma total debida resultaría muy superior a la inicialmente informada: algo así como 23.000-24.000 MD (15.200 + 8.500).

Y este punto es importante para poder cuantificar el monto y la composición de conceptos que terminará involucrando el acuerdo supuestamente satisfactorio logrado con los fondos buitre y con los holdouts en general.

Como el gobierno no informa de manera clara, desagregada ni concreta lo actuado en materia de Deuda Pública y menos aún en lo tocante a este rubro específico, no puede saberse todavía cuánto es el monto real del costo financiero de su arreglo secreto con los holdouts.

Porque – a menos que se demuestre lo contrario – ello significaría que, en realidad, a los holdouts se les estaría pagando y/o debiendo bastante más de lo que apenas se informa a la opinión pública.

Cabe recordar que al momento de sancionarse ya indefectiblemente el fallo Griesa –  Junio de 2014 – se aventuraron algunas cifras de lo que terminaría pagando la Argentina como resultado de las sentencias en su contra y algunas de las pocas estimaciones que se conocieron entonces sobrepasaban los 20.000 MD, a esa fecha: 20-22.000 MD según el Dr. Eugenio Bruno (en esa época abogado de los acreedores y hoy Subsecretario de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas), 24.000 MD según el Lic. Daniel Marx (ex Secretario de Finanzas de los Gobiernos Alfonsín, Menem y De la Rúa) y 30.000 MD según Robert Cohen (abogado del FB NML, de Paul Singer).

Por el momento, habrá que seguir esperando forzosamente que el gobierno Macri – por razones elementales de transparencia y cumplimiento de la normativa legal y financiera al respecto – quiera o se digne a informar no solamente las cuentas de deudas y pagos a los holdouts sino también dar a conocer la documentación suscripta en sus acuerdos secretos con los fondos buitre y el resto de los acreedores con reclamos contra el Estado Argentino.

Lic. Héctor L. GIULIANO

Buenos Aires, 6.2017

[1]  El gobierno Kirchner tampoco consideraba Deuda Performing (en cumplimiento del pago de intereses) a los Cupones ligados al PBI – por valor de unos 14.000 MD – bajo el mismo argumento de considerarlos Deuda Contingente, lo que igualmente no era cierto ya que la deuda por este rubro es deuda en firme: lo que es contingente es la cronología o perfil de vencimientos de tales obligaciones.

[2] Algo parecido al manejo engañoso – más bien deliberadamente falso – que hizo la administración kirchnerista con el Megacanje 2005  hablando de una supuesta quita del 66 % cuando en realidad la quita matemática era del 44 % y estaba íntegramente compensada con la entrega de cupones PBI; por lo que verdaderamente no hubo quita.