Delincuentes abatidos por las víctimas: ¿justicia por mano propia o legítima defensa?

 Por Ariana Robles

La inseguridad no cesa en la Argentina. Día tras día surgen nuevos casos violentos, muchos de los cuales terminan con sangre y muerte. Diversos casos en estas últimas semanas, en los que víctimas abatieron a delincuentes reavivaron el drama de la inseguridad y mostraron una de sus  peores consecuencias: la llamada “justicia por mano propia”  y los límites de la legítima defensa. Durante un encuentro con Conclusión, el psicólogo y psiquiatra Ernesto Ratghe; el ex fiscal de Cámara, Guillermo Camporini, y el abogado penalista Carlos Varela se refirieron al controvertido tema:  ¿vive la sociedad con miedo y emocionalmente alterada?

Para el doctor Ernesto Ratghe «somos seres emocionales, siempre vamos a reaccionar desde una emoción», en tanto el ex fiscal de Cámaras Camporini señaló que «no podemos hablar de justicia por mano propia, porque no existe en un estado de derecho”. Asimismo, el abogado Carlos Varela fue  más allá a la hora de hablar de prevención, esencial para evitar estos desenlaces, y expresó que «los jueces deben mostrar más aplicación en el momento de decidir las libertades».

Lo paradójico de los protagonistas de los  casos resonantes de los últimos días, fue que, en cuestión de segundos, pasaron de la condición de víctimas a la de victimarios, mientras sus asaltantes recorrían el camino inverso. Todo esto generó un fuerte debate en la sociedad y en  uno de los casos -el del carnicero de Zárate que atropelló y mató con su automóvil a uno de sus asaltantes-, fue motivo de manifestaciones de los vecinos que reclamaban su libertad.

Lo que está claro es que estos últimos casos -el del médico y el del carnicero- reavivaron un fuerte debate y enfrentaron a quienes consideran que los hombres obraron bien, con aquellos que, del lado de la ley, sostienen que sólo la Justicia es la encargada de castigar y que la violencia engendra más violencia, al margen de determinar si en alguno de los casos pudo haber mediado la legítima defensa.

Mayor presencia policial en la calle

El abogado Carlos Varela reflexionó sobre los últimos casos que acontecieron en la sociedad: «Para que haya menos víctimas, es esencial una mayor presencia policial en las calles y se ve una ausencia que también se debe a la falta de dinero. Si hay mayor presencia se constituye el principal factor de disuasión. En materia de prevención, los jueces deben mostrar más aplicación en el momento de decidir las libertades».

Asimismo, recalcó que «la gente tiene que entender que reaccionar genera un desacierto enorme porque se enfrenta a tres o cuatro personas». «Se está defendiendo en inferioridad numérica y en condiciones también, porque se está enfrentando a un cúmulo de situaciones y de personas que tienen la escala de valores difuminadas», expresó.

De todos modos, dejó en claro que entiende el porqué de la reacción de las personas frente a estas situaciones violentas y sorpresivas: «La gente reacciona de esa manera porque es un instinto humano, pero debería entender que si lo piensa dos minutos no debería reaccionar de esa manera, porque el delincuente que le roba es un delincuente de baja calidad, o un joven que sale a robar para tener plata y comprar droga o, mucho peor, ya sale drogado», señaló.

«Es entendible desde lo emotivo pero no desde la razón», agregó. «Hay una valoración ética y moral de la conducta, y esa valoración es justificable porque la persona que mata a un ladrón ese día salió de su casa para trabajar para darle de comer a sus hijos, no salió con la misma intención del delincuente».

Miedo e irascibilidad, emociones de la época

El doctor Ernesto Rathge, médico psiquiatra y especialista en psicoterapia, señaló respecto del polémico asunto que «en principio, «hay que entender que todos los intentos de justicia por mano propia son hechos censurables desde cualquier punto de vista, porque cualquier acción que transgreda la ley produce más dolor y más destrucción». «Es un tema que es absolutamente legal y válido, o sea nadie tiene que someterse al ataque de un tercero, pero no se puede es convertir a la defensa en otro ataque”, señaló el médico.

Según los recientes casos, los hechos delictivos generan ira y frustración, sobre todo si van acompañados de una respuesta institucional lenta o si el auge delincuencial rebasa la capacidad del Estado para enfrentar el fenómeno. Por ello, esta actitud individual de promover la justicia por mano propia “es muy riesgosa, desde cualquier punto de vista, y tiene un efecto multiplicador”.

Según Rathge, esto tiene una explicación psicológica: «La emoción violenta es una calificación jurídica, no psicológica. De todos modos somos seres emocionales, siempre vamos a reaccionar desde una emoción, o sea toda acción por más racional que parezca siempre lleva implícita alguna emoción”. “Las emociones deben ser nuestras guías pero no nuestros jefes, cuando pierdo la jefatura de mi conducta y se la entrego a la emoción de turno, por ejemplo un enojo, pierdo el dominio de mí mismo”, agregó.

“Hay  muchos elementos que hacen que las personas reaccionen de alguna manera. Este tipo de situaciones que tanto aparecen en esta época son muy estresantes para las personas, por eso es posible que las emociones surjan de un modo bastante complejo y como implican mucho miedo y mucho riesgo para la vida nos hacen perder el registro de lo más adecuado para hacer en ese momento”.

En tanto, dejó en claro, cuales son las actitudes y emociones que rigen a la sociedad en la actualidad. «La irascibilidad es una de las consecuencias de este tipo de vida inadecuada que llevamos, el otro es el miedo. Son las dos emociones preponderantes en esta época en cuanto al tejido social, hay un mayor nivel de irritabilidad”.

«Este tipo de clima social que vivimos lleva a que se incrementen emociones que terminan siendo negativas, como pueden ser el miedo y la violencia, que son las dos emociones de la época. La sociedad está en estado de alerta, porque tienen la sensación de que le puede pasar algo”.

«La irascibilidad es una de las consecuencias de este tipo de vida inadecuada que llevamos»

El dilema que desafía la justicia

Con más de 40 años de experiencia en materia penal, el ex fiscal de Cámara, Guillermo Camporini, dialogó con Conclusión, sobre esta tendencia creciente en la sociedad.

En este sentido, señaló que “indudablemente estamos viviendo en una sociedad que cada vez está más agresiva, se ha perdido bastante lo que es el diálogo, la comunicación, y la agresividad lamentablemente desemboca en violencia” y agregó “a su vez, las personas, ante la agresión por parte de un delincuente y la posibilidad de pérdida de un bien material, no miden las consecuencias que pueden repercutir sobre la propia persona que toma esta actitud y es ahí cuando surgen casos justificables como legítima defensa, y otros, donde no hay ningún tipo de justificación y se convierten en lisos, llanos y claros homicidios”.

En tanto, también fue tajante a la hora de determinar su postura frente a los casos, según él, mal llamados de “justicia por mano propia”: “No existe la justicia por mano propia, si nosotros vivimos en un Estado de derecho donde la justicia forma parte de uno de los tres poderes del Estado, en una sociedad que tiene un estado democrático, que responde a alineamientos constitucionales como tenemos, la justicia es la que debe hacer cumplir las normas y las pautas que deben regir en la sociedad, no podemos hablar de justicia por mano propia porque no existe en un estado de de derecho”.

No obstante, también consideró que la ausencia de respuestas puede generar “un reclamo válido, entendible y que forma parte del vivir en democracia”. “La gente puede tener un reproche por falta del accionar apropiado de los órganos encargados de prevenir el delito o de reprimirlo cuando se está cometiendo, y también, no estar satisfecha con el accionar del poder judicial, eso es algo que se puede manifestar como lo ha hecho la gente en las marchas que se han dado últimamente, pero bajo ningún aspecto justifica que la persona pueda tratar de ejercitar ella lo que considera no es justicia”, señaló.

“Hay que distinguir lo que es la legítima defensa y hacer justicia por mano propia, la legítima defensa es un instituto que está claramente previsto en nuestro ordenamiento penal, en el art. 34, donde se señala que estará justificado el accionar de la persona que genera la muerte ante la defensa de una provocación ”, agregó Camporini.

Futuro judicial

En relación al futuro que se vislumbra sobre la Justicia, teniendo en cuenta los casos recientes y la legislación vigente, el ex fiscal señaló: «El artículo 34 del Código Penal no necesita ningún tipo de modificaciones, el artículo es claro cuando podemos decir que estamos en presencia de lo que se denomina una legítima defensa, pero tal vez, la sociedad está reclamando otro tipo de cosas, penas más severas».

En relación a esto, el abogado Carlos Varela difirió con el ex fiscal frente a la legislación vigente: «Debiera reverse el artículo 34 del Código Penal, que tiene relación con la legítima defensa y contemplar además una serie de cuestiones y actitudes que tienen que ver con el tema porque no es común que la ética y la moral se incluyan muchas veces en el derecho positivo». «Además, debería reverse una modificación general del Código Penal, y no parcial, porque sino después no hay concordancia entre las normas y eso tiene que ver con una decisión de Diputados y Senadores, ya sea a nivel nacional o provincial”, agregó.

En tanto, el ex fiscal se refirió a las conductas de la sociedad, frente a  la ausencia de respuestas: «La gente está reclamando que haya menos posibilidades de libertad durante el proceso de la persona que cometió un delito, todas esas cosas son factibles, pero no sé si solucionarían el problema de fondo», manifestó Camporini.

«El artículo 34 del Código Penal no necesita ningún tipo de modificaciones, tal vez, la sociedad está reclamando penas más severas»

Por último, dejó en claro que también “la solución está en manos de los legisladores, para que haya más posibilidades de detención durante la tramitación de los procesos, para que se limiten los juicios abreviados y los fiscales tengan más posibilidades de prorrogar las detenciones en los primeros momentos, toda una serie de cuestiones que tienden a dar respuestas a ese reclamo popular”.

“Las penas más severas no las puede resolver la provincia, porque eso implicaría una reforma del Código Penal que debe ser reformado por el Estado”, concluyó el ex fiscal Camporini.

Hasta ahora nadie dio en «la tecla» para paliar la inseguridad. No obstante, el tema logró ponerse en debate popular; cuestión que no sucedió con otros derechos vitales como la educación, salud, vivienda o trabajo; asuntos que sin duda harían caer el ritmo del delito y la violencia.