El Estado busca retomar el control en las cárceles de Brasil

El gobierno brasileño trataba el martes de recuperar el control de las cárceles para frenar las matanzas entre bandas rivales, pero se veía confrontado a un nuevo motín en Natal y a una huelga de guardias en Río de Janeiro.

La crisis que causó más de 130 muertos en los presidios desde el comienzo del año volvió a dejar imágenes caóticas en la penitenciaría de Alcaçuz, donde 26 reclusos fueron asesinados este fin de semana.

Este martes, la policía disparó balas de goma desde el exterior contra los presos que trataban de invadir los pabellones de las facciones rivales, en un movimiento similar al que desencadenó la matanza del sábado.

Los agentes apuntaban desde los muros que rodean el centro en dirección de los amotinados, que buscaban refugiarse en los techos de los edificios o sacaban muebles y colchones para bloquear un eventual avance de las tropas.

A las puertas de la cárcel, familiares afirmaban que reclusos de la facción local Sindicato do Crime RN, a la que pertenecía la mayoría de los asesinados del fin de semana, trataban de invadir el pabellón donde se encontraban sus rivales del poderoso PCC.

«La situación es muy tensa», afirmó el mayor de la Guardia Penitenciaria Wellington Camilo al sitio de información G1.

El feroz enfrentamiento entre el Primer Comando de la Capital (PCC) de Sao Paulo y el Comando Vermelho (CV) de Río de Janeiro, y sus aliados locales, por el control de las rutas de la cocaína incendió las cárceles brasileñas en las últimas semanas.

En lo que va del año, 134 presos fueron asesinados en varias exhibiciones de violencia extrema, según un cómputo hecho por el diario Folha de Sao Paulo con datos del Ministerio de Justicia.

En contacto telefónico con su marido, la esposa de un preso miembro del PCC confirmó a la AFP que internos del Sindicato del Crimen trataban de invadir el pabellón donde se encontraba éste.

“Lo están intentando, pero no lo van a conseguir», aseguró.

Desafío al Estado

Según Robinson Faria, el gobernador de Rio Grande do Norte, cuya capital es Natal, las autoridades tratan de evitar una fuga masiva después de que el PCC amenazara con incendiar la ciudad si sus líderes eran transferidos de cárcel.

Lo ocurrido durante el fin de semana «fue una barbarie que nunca vi en mi vida. Hicieron una hoguera con cabezas de seres humanos», añadió ante periodistas en Brasilia, donde fue recibido por el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes.

La policía intervino el lunes para trasladar a seis presuntos líderes del PCC a prisiones federales, pero no fue suficiente para retomar el control en este penal con capacidad para 620 reclusos que alberga a 1.083.

«Es un momento dramático porque el PCC está desafiando no solo al Estado, sino también a los sindicatos [carteles] regionales del crimen para comandar el tráfico de drogas. Es una guerra de facciones y destruyeron todo el presidio», afirmó el gobernador.

Michel Temer «coloca a las Fuerzas Armadas a disposición de los estados» para hacer frente a la crisis, dijo de su lado el portavoz de la presidencia tras una reunión en la capital entre el mandatario conservador y responsables de seguridad e inteligencia.

Máxima tensión

En un momento en el que se está definiendo el nuevo mapa del narcotráfico en Brasil, la tensión ya no se restringe a la estratégica región norte -fronteriza con los grandes productores de cocaína de Colombia y Perú-, donde ocurrieron las matanzas de Manaos y Roraima.

Estados del rico sur y sudeste como Paraná y Minas Gerais también sufrieron fugas y tentativas de motines en los últimos días.

El personal carcelario está saturado y expresa malestar.

En Río de Janeiro, un estado al borde de la quiebra, los guardias de las cárceles se declararon en huelga, por lo menos por una semana, en reclamo de salarios impagos.

«Además de la falta de agentes penitenciarios, de médicos, de enfermeros o de asistentes sociales, estamos confrontados a una inmensa población carcelaria», afirmó el presidente del sindicato de funcionarios del sistema penitenciario de Río de Janeiro, Gutembergue de Oliveira.

«Hay un guardián cada 200 detenidos, pese a que el Ministerio de Justicia recomienda que esa relación sea de 1 a 5», añadió.

La superpoblación en unos penales muchas veces insalubres que operan a un 167% de su capacidad es vista por los expertos como el caldo del cultivo ideal para el dominio de las bandas que tienen en los presidios sus centros de operaciones.