El Estado debe intervenir para evitar un colapso en la lechería de Argentina

Por Aldo Battisacco, enviado especial 

El diputado del Frente Renovador Oscar Alegre presentó en la cámara Baja un proyecto de su autoría que busca ordenar la lechería en Argentina, con el que pretende salir del esquema de subsidios, a los que considera justos, por generar situaciones complejas y de difícil control, para pasar a un sistema de «autorregulación de la cadena» y sostiene que «en el mundo, el sector lechero es complejo y generalmente está regulado».

Entre los fundamentos que le da vida a la iniciativa precisa que se debe «pasar de la batalla por la apropiación de la renta al de la distribución de la misma de una manera equitativa para garantizar un crecimiento de manera sustentable».

Y describe las distorsiones que padece el sector aduciendo que «los mercados sufren oscilaciones permanentes como consecuencia de las variaciones de oferta generada por pocos actores de peso».

En diálogo con Conclusión, el diputado Alegre, quien es productor agropecuario y ex intendente de General Villegas, explicita con solvencia que «el problema de la leche es un problema estructural desde hace mucho tiempo, que se vio agravado por el Gobierno nacional cuando le quitó las retenciones al maíz, que se utiliza para alimentar vacas, aumentando el precio del alimento, potenciado por las inundaciones que dejaron al sector en una crisis muy profunda, y a todo esto se le sumó la inflación».

—¿Qué impacto tuvo este último elemento en el factor productivo?

—La inflación desarticula todo proceso de construcción de precios y de elaboración de costos y no cabe la menor duda de que quien termina beneficiado de todo esto es el propietario de la góndola. Porque pone el precio del ultimo día y cobra de contado. Y esto último no se replica en el productor, porque está condicionado por tener un producto perecedero con un nulo margen de negociación por estar obligado a entregarlo a la industria que le fija precio y plazo de pago. Por otra parte, Argentina tiene una industria muy ineficiente, tenemos presente que para elaborar 800 litros de leche se requiere una cantidad de personal que si se compara con Nueva Zelanda, por ejemplo, necesita sólo una sola persona para elaborar 10 mil litros. El costo que todo esto conlleva vuelve no competitiva a la industria local, esto también se proyecta haciendo que lo pague el productor.

—Para elaborar este proyecto de ley usted se reunió con los tamberos, ¿qué le manifestaron?

—Nosotros planteamos que lo que se le debe pagar al tambero debe salir de la cadena productiva. En las reuniones que realizamos con los productores ellos manifiestan que no quieren estar subsidiados porque entienden que se trata de una injusticia porque el producto que elaboran tiene mucho valor en góndola y entienden que les debe llegar parte de ese valor.

—¿Qué dicen los productores?

—Esta posición surge de los actores de la cadena productiva, y sostienen que el mínimo que deben percibir por la leche es el 30%, otros sectores hablan de 35%, pero considero que para que se pueda negociar la calidad de la leche por factores que inciden en el costo se estableció un piso de 30%. Esto da razón suficiente para propugnar que el Estado intervenga sentando a la mesa a todos los actores, entiéndase por esto, a productores, al gremio, a la industria, el supermercadismo, como también el propio Estado que participa en la formación del precio con 16% en materia impositiva.

—¿Con qué objeto?

—Salir de la dinámica que tenemos de generar el debate por la apropiación del precio se da en una pelea para pasar a un sistema de colaboración en el que se pueda resolver el precio que requiere el productor.

—¿Esto se aproxima a la idea de un mercado institucionalizado de la leche?

—Se trata de una mesa de negociación, porque hoy está todo tan desarticulado que la interlocución con los productores no es con una sola entidad, sino con 16 o 18 representaciones distintas. De allí la necesidad que esa mesa conformada por todos confluya en el ministerio de Agroindustria, en la secretaría de Lechería, para transparentar y echar luz sobre los costos para definir el tema. También el sindicato debe participar y aclarar situaciones como es el derecho que tienen que le cobran a la industria por el Fondo Solidario. Es un tema que es necesario redefinir porque el contexto en el que nació ese derecho no se condice con este.

—¿De qué manera pueden los actores colaborar en la solución del problema?

—Los estados provinciales no están al margen, hay algunos que cobran ingresos brutos a la industria y otros que no lo hacen. El supermercadismo debe exponer cuánto cobra y qué obtiene por la venta del producto. En Inglaterra el 51% del valor de la leche le corresponde al productor, en Estados Unidos 46%, en Uruguay el 40%, en Argentina sólo el 17%. Pero hoy, luego de las inundaciones, la caída de producción y de tambos que se han cerrado se está en el 27%.

—¿Qué plazo hay para resolverlo?

—No se puede resolver todo de un día a otro pero se debe avanzar en rediscutir la distribución de la participación de cada uno de los actores.

—¿En qué consiste el proyecto?

—Es un proyecto de fácil comprensión que establece que el valor del precio de la leche debe salir de la cadena productiva, no tiene que tener subsidios y un artículo del mismo establece la posibilidad de firmar contrato entre la industria y los productores. Estas condiciones poseen una vigencia limitada hasta que se reordene la cadena y con la desaparición de la inflación resultará todo mucho mas sencillo. Además de prever la creación de la mesa que se reunirá en el ministerio de Agroindustria, que delega en el ejecutivo la facultad de intervenir en esta situación y no hay precios máximos.

—¿Qué recepción tuvo esta iniciativa entre sus pares?

—Se presentaron otros proyectos, uno de ellos propende a que se declare al sector de la lechería en emergencia. Que estaría bien porque le permite al Estado intervenir en la discusión impositiva y con el gremio respecto del fondo solidario. En tanto que otros pretenden ser más profundos, como el de la diputada Ciciliani o el diputado Serra de la provincia de Buenos Aires que intenta crear un ente regulador, la creación de un fideicomiso, un fondo compensador que se pueden debatir, pero con tiempo, hoy, dada la emergencia que esta planteada se debe dar curso al proyecto que obligue rápidamente a los actores de la cadena que se sienten a discutir que le corresponde a cada uno, porque además estamos en una situación muy critica, hay productores que se verán en lo inmediato a salir del circuito productivo ya que muchos tambos son alquilados, en campos alquilados y la rentabilidad del sector lácteo debe competir con la rentabilidad que ofrece la agricultura.

—¿Cuáles son los factores que empujan a los tamberos a abandonar los campos?

—La soja y el maíz ofrecen buenas expectativas para su explotación y es lógico que el dueño del campo busque la mejor compensación para un proyecto que le proporcione mejor rentabilidad. En este presente el tambo no puede pagar esos costos. El Estado debe intervenir celéricamente para frenar este drenaje que se ha dado en la liquidación de tambos y de vacas que fueron enviadas a faenar.

—¿Qué recepción ha tenido desde el ministerio de Agroindustria esta iniciativa que se da en la falta de un marco normativo para ordenar el sector?

—Estamos conversando pero hay sectores del Gobierno que no están de acuerdo, sin embargo se entiende que el sector lácteo debe tener una pronta solución.