El gobierno, cerca de un acuerdo con movimientos sociales por el bono

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, alcanzó hoy un principio de acuerdo con referentes de organizaciones sociales de trabajadores informales  al confirmar mejoras en los planes sociales y un bono de fin de año de 2.000 para cooperativistas, aunque volverán a reunirse mañana para abordar el reclamo por la ley de emergencia social que el Gobierno se resiste a tratar en el Congreso.

Durante el encuentro, del que participaron también representantes de la Iglesia, la ministra ofreció un bono de 2.000 pesos para los trabajadores de cooperativas y mantuvo en 1.000 pesos el bono para cada grupo familiar beneficiario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por hogar, a lo que sumó ahora un plus de 250 por cada hijo.

También Stanley propuso elevar el monto de cada plan Argentina Trabaja a la mitad de un salario mínimo, es decir llevarlo de los actuales 3.200 pesos a 4.000 pesos, pudo saber NA.

Esta cuestión marcha sobre carriles y contaría con el visto bueno de los representantes de las agrupaciones sociales (Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa y Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), pero el diálogo se trabó cuando se puso sobre la mesa el reclamo por el proyecto de declaración de la emergencia social, que ya recibió sanción del Senado pero se encuentra demorado por el oficialismo en Diputados.

Ante este escenario, se decidió ingresar en un cuarto intermedio hasta este martes, cuando volverán a reunirse en la sede de la cartera de Desarrollo Social.

«Se entró en un cuarto intermedio. Lo del bono está marchando con la ministra. Mañana (por este martes) se discutirá cómo seguimos con la emergencia social», indicó el referente de la CTEP, Esteban Castro, al retirarse de la reunión en declaraciones a la prensa.

Según indicaron los líderes de estas agrupaciones sociales, Stanley se comprometió a analizar el reclamo de la emergencia social con los diputados de Cambiemos, que en los últimos días rechazaron de plano la iniciativa, al alegar que no se cuentan con fondos para financiar el principal punto del proyecto que establece el pago de un salario «complementario social» para cada trabajador del sector informal.

«El jueves la sesión va a tener 129 diputados y, les guste o no, se van a tener que sentar (en el recinto para tratarla). No queremos una ley para que sea vetada ni que se pase para marzo», advirtió el referente de la CCC, Amancay «Chiquito» Ardura.

El viernes pasado, los movimientos sociales y la CGT metieron presión para la aprobación de la emergencia social antes de fin de año mediante una masiva movilización a la Plaza del Congreso.

«Fue un segundo encuentro de diálogo con muchos puntos de consenso y de trabajo conjunto, como vinimos haciendo durante todo el año», señaló a su vez Stanley, quien destacó que la mesa de  diálogo «durará más allá de diciembre».

«Con un índice de 32% de pobreza no hay duda sobre la prioridad de acompañar a las familias más necesitadas, entendiendo que gran parte de los trabajadores se encuentra en el marco de la informalidad», sostuvo la ministra en un comunicado.

Además de Stanley, estuvieron en nombre de la Iglesia Católica, el obispo Fernando Carlos Maletti, de la diócesis de Merlo-Moreno y el padre Adalberto Odstrcil, de la Pastoral Social.

Por su parte, las organizaciones sociales estuvieron representados por Amancay «Chiquito» Ardura, Fredy Mariño y Margarita Peñailillo, de la Corriente Clasista Combativa (CCC); Daniel Menéndez, José Oscari y Mariano Marini, de Barrios de Pie; Esteban Castro, de la CTEP; Emilio Pérsico y Gildo Oronato, del Movimiento Evita; Nicolás Caropresi, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Rafael Klejzer y Cristian Romo, del Movimiento Popular la Dignidad.

Foto MDS/Marcelo Baiardi