«Faltan lugares de internación y un sistema ágil para la gente con consumos problemáticos»
Los jueces penales del sur de Santa Fe pidieron una respuesta rápida para solucionar la compleja situación de los adictos que delinquen y así apuntar a la rehabilitación y reinserción.
Por Florencia Vizzi
Con decenas de firmas de los jueces penales del sur de la provincia de Santa Fe, este jueves fueron elevadas sendas cartas al Poder Ejecutivo y a la Legislatura provincial pidiendo se contemple de forma urgente le creación de centros provinciales de tratamiento y recuperación de adicciones problemáticas.
A fines de diciembre de 2017 el gobernador Miguel Lifzchitz vetó parte del paquete de leyes que días antes se habían aprobado en la Legislatura sin pasar por comisiones, productos de acuerdos de las distintas bancadas. Dentro de ese paquete, se encontraba el proyecto presentado por el senador Eduardo Rosconi que disponía que cada cabecera departamental debía contar con un centro dependiente del Ministerio de Salud.
En ese sentido, el juez Luis María Caterina, en diálogo con Conclusión, refirió que «Ese proyecto proponía la creación de de 19 centros, para los 19 departamentos. Si bien el Poder Ejecutivo lo vetó, envió otro proyecto con una propuesta similar con algunas diferencias».
«Lo que nosotros pedimos, señaló Caterina es que, sea el proyecto que sea, lo resuelvan en forma urgente. Porque nos vemos todos los días en serios problemas con jóvenes, muy jóvenes, que tienen consumos problemáticos, cometen delitos y no tenemos dónde enviarlos si quedan detenidos ni tampoco como tratarlos».
El magistrado explicó que es una situación que se da cada vez con mayor frecuencia y remarcó que «de las 40 o 50 audiencias que se realizan a diario, no menos de la mitad se trata de gente con problemas de adicciones». «Se hace lo que se puede, detalló, y tratamos de derivarlos a institutos privados si es que hay, a efectores públicos que tienen tratamientos ambulatorios, pero no tenemos lugares de internación cuando necesitan ser internados o cuando son casos muy agudos que necesitan desintoxicación. En esos casos estamos derivando al Agudo Ávila o a la colonia de Oliveros. Pero no hay organización ni sistema para que a las personas con consumos problemáticos que cometen delitos los podamos derivar en forma inmediata».
Consultado sobre las diferencias entre ambos proyectos de ley, Caterina explicó que “el proyecto enviado por el Ejecutivo, hace más hincapié en un tratamiento ambulatorio, en la necesidad de que no se establezca una cantidad fija de uno por departamento, y tiene ciertas diferencias de concepción con el otro. Puede decirse que está redactado en términos que tienen más que ver con la salud pública” detalló. Y remarcó: “Nosotros no queremos terciar en un debate que no nos corresponede y sumar cuando ya hay dos personas que han tratado el tema y seguro que lo han hecho con equipos de especialistas. Lo que pedimos es que se resuelva pronto porque realmente es una necesidad social de suma urgencia e importancia”.
Una cuestión de (In)seguridad
La prevención del delito y de la inseguridad es una materia de suma complejidad que debe abordarse en forma interdisciplinaria. En ese sentido, es probable que la creación de los centros de controles de adicciones problemáticas puedan contribuir a disminuir la reincidencia y a colaborar en la reinserción social.
En relación a ello, otro de los magistrados que firmaron la carta, el doctor Gustavo Pérez de Urrechu, entiende que “la finalidad de la pena es evitar que se reiteren los delitos”. “Ese es un reclamo que nos hace la sociedad en cuanto a qué pasa cuando una persona está detenida y que es lo que pasa cuando esa persona condenada tiene que hacer un trabajo de resocialización y reinserción. Y una de esas cuestiones es el tema de la salud. Si no resolvemos las problemáticas de base, por ahí muchas veces en las reglas de conducta es casi una cuestión perversa, porque le estamos diciendo que no hagan algo cuando no están los tratamientos ni las condiciones para poder avanzar sobre esa problemática”.
Con esa misma visión, Caterina señaló: “Cuando estamos en las visitas de cárceles vemos que no hay tratamientos de adicciones, hay psicólogo y psiquiatra, pero hay que entender lo que es una persona encerrada con una adicción y síndromes de abstinencia. Lo fundamental es que tratemos de entender, la seguridad tiene que ser integral y para que sea integral significa que hay que tener un abordaje para solucionar los problemas que no se limite a la represión o a lo policial. Nosotros decimos, siempre hablando en términos generales, que hay tres cuestiones fundamentales que tiene que solucionar el sistema penal, una de las cuestiones es si una persona intercepta con el sistema penal, el sistema tiene que resolver que salga con una capacitación laboral, o solucionar el problema educativo o solucionar el problema de adicciones, porque son los tres problemas que normalmente te llevan a delinquir. No es una cosa automática, pero es un análisis básico y fundamental. Si vos interceptas con el sistema penal y no se puede solucionar el problema, salís igual o peor. Te saco de circulación por un año, dos años, seis meses o diez años y después que ¿hacés? Salís a matar de nuevo porque no se resolvió el problema básico de educación o adicción”.
Los jueces reconocieron que “hoy por hoy tenemos un tipo de respuestas netamente punitivistas” y que “hay que ver de buscar otro tipo de soluciones”.
“La propia ley va cambiando. Este sistema busca la resolución del conflicto, la reparación a la víctima, evitar que se vuelva a delinquir, enumeró Pérez de Urrechu, y para eso, necesariamente, tenemos que atender problemáticas que van de lo social a lo particular. Nosotros estamos hablando de derechos que tiene cualquier ciudadano. Y hablando de este tema, es importante tener en cuenta que a cualquier ciudadano le cuesta acceder a lugares en los que se hagan este tipo de tratamientos, hay pocos lugares, los pocos buenos son caros y hay obras sociales que no lo reconocen. Para una persona sin recursos es prácticamente inaccesible”.
“También hay que tener muy presente la cuestión de la rehabilitación” – remarcó Luis María Caterina antes de terminar – “se habla mucho, por ejemplo, de la cuestión de la despenalización en todo el mundo, es un debate que tiene todas las aristas y todos los extremos. Pero lo que está fuera de discusión, en todos los sistemas y alternativas es que tiene que haber rehabilitación. Puede haber más drogas o menos drogas, más o menos despenalización, pero cuando hay consumo problemático tiene que haber tratamiento. Por ejemplo, Cuba tiene un sistema furiosamente represivo con las drogas, el narcotráfico, el narcomenudeo, pero eso si, el tema de rehabilitación no se discute. Cuando una persona tiene un problema de consumo de drogas, hay que curarlo. Y lo mismo ocurre en Alemania y en Holanda, sistemas totalmente opuestos al Cubano. Pero en ningún lado se pone en discusión la rehabilitación. Nos faltan lugares de internación y un sistema ágil, para que la Justicia no se transforme simplemente en una herramienta para meter gente presa y que las cárceles se conviertan en depósitos de personas sino que puedan salir con un programa de rehabilitación”.