Piden a Macri que «adopte medidas» para liberación de Milagro Sala
El director ejecutivo para América de Human Rights Watch envió una carta al presidente donde asegura que "los cargos contra la acusada por participar en una manifestación pacífica violan el ejercicio de la libertad de expresión".
El director ejecutivo para América de Human Rights Watch, José Vivanco, envió hoy una carta al presidente Mauricio Macri en la que le pidió que adopte «medidas para asegurar la inmediata liberación de la prisión preventiva de Milagro Sala».
«Tengo el honor de dirigirme a su excelencia con el propósito de instarlo respetuosamente a adoptar medidas para asegurar la inmediata liberación de la prisión preventiva de Milagro Sala, a la luz de la reciente decisión adoptada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU», señala la nota.
Vivanco solicitó también al Gobierno que presente «una propuesta legislativa para modificar la definición de ´sedición´ en el Código Penal, con el propósito de prevenir que este tipo de casos ocurran en el futuro».
En este sentido, el activista recordó que la líder de la agrupación Tupac Amaru fue detenida en enero bajo esa figura penal «por participar en una manifestación pacífica en el centro de San Salvador de Jujuy».
Al respecto, precisó que «según consta en documentos judiciales analizados por Human Rights Watch, se acusó a Sala de ´gestos´ y ´arengas´ para incentivar a otros a ´acampar´ y ´obstaculizar´ el tránsito, provocando una ´alteración del orden público´», pero que «la Fiscalía no argumentó que se hubieran producido incidentes violentos durante esa protesta».
Según indicó Vivanco, «los cargos contra Sala por participar en una manifestación pacífica violan el ejercicio de la libertad de expresión» y los señalamientos en su contra «aun si fueran ciertos, no constituyen ´sedición´ conforme a ninguna definición legítima de este delito».
Además, le recordó al Presidente que en la reunión que mantuvieron en julio pasado en Buenos Aires mencionó que «el delito de sedición está definido de manera excesivamente amplia en el Código Penal de la Argentina, y esto facilita su uso para limitar gravemente el ejercicio de la libertad de expresión».
Vivanco señaló que el 29 de enero la Justicia revocó la detención preventiva contra Sala por el cargo de sedición pero que «no fue liberada porque, el mismo día, otro juez dispuso su detención preventiva» en otro caso «por los delitos de extorsión´, ´asociación ilícita´ y ´defraudación en perjuicio del Estado´».
«El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó que el sistema judicial de Jujuy utilizó acusaciones consecutivas para mantener encarcelada a Sala y no justificó adecuadamente su detención preventiva», agregó el activista.
El director de Human Rights Watch valoró que el Gobierno haya invitado al Grupo de Trabajo y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a visitar la Argentina para analizar más detenidamente el caso de Sala pero advirtió que «estas visitas no sustituyen -ni pueden permitir postergar- las medidas que su Gobierno debe adoptar para cumplir a la mayor brevedad con la decisión del Grupo de Trabajo».
Además, sostuvo que «no resulta convincente» y que fue «verdaderamente desafortunado» el argumento esgrimido por Macri cuando, al ser interrogado por la situación de Sala, afirmó: «A la mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una cantidad de delitos importantes que se habían cometido por parte de Sala».
«Sabemos que Sala está siendo investigada por varios delitos, incluidos presuntos actos de corrupción, amenazas y tentativa de homicidio. Es evidente que, al igual que cualquier otro ciudadano, Sala debe ser investigada por la presunta comisión de estos delitos. Sin embargo, estos señalamientos no son suficientes para justificar la prisión preventiva de Sala», añadió.
En este sentido, indicó que «según estándares internacionales de derechos humanos, la prisión preventiva debe justificarse sobre la base de un riesgo cierto de que el acusado eluda la justicia, obstaculice la investigación judicial o suponga un peligro concreto para otras personas, y no per se por la gravedad de los delitos bajo investigación».
«Si bien reconocemos las dificultades prácticas que plantea la estructura federal de gobierno en este caso, su gobierno tiene la responsabilidad jurídica de adoptar todas las medidas a su alcance para asegurar que Sala no permanezca detenida arbitrariamente», sostuvo Vivanco en otro tramo de la carta.
Finalmente, señaló que el Gobierno «merece un amplio reconocimiento por la firme posición que ha adoptado en materia de derechos humanos, en especial ante la grave situación que afecta a Venezuela».
«Argentina podría seguir jugando un importante papel en el campo de los derechos humanos a nivel global, pero para que este rol sea desempeñado con la mayor credibilidad y legitimidad es preciso que su gobierno colabore de forma plena con las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos», concluyó.