La Bancaria rechazó el acuerdo y advirtió a la CGT que no tolerará «otra defraudación»

El Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria (AB) que conduce Sergio Palazzo advirtió hoy al Ejecutivo y a los gobernadores al fijar posición respecto del acuerdo logrado sobre el impuesto a las ganancias que los trabajadores de la actividad financiera «no tolerarán otra defraudación», y reclamó a la CGT que «no realice concesiones indebidas» y a los senadores que «completen esta semana la sanción de la iniciativa» acordada en el recinto de la Cámara baja.

«No admitimos una nueva defraudación», señalaron Palazzo y el secretario de Prensa, Eduardo Berrozpe, en un documento difundido esta tarde en representación del Secretariado General Nacional.

Los dirigentes aseguraron que «la reforma no contempla una modificación suficiente de las escalas sobre las alícuotas determinadas en 1999 y congeladas desde ese año hasta ahora».

Del mismo modo, rechazaron «la furibunda campaña lanzada por el Ejecutivo apenas aprobado el proyecto en la Cámara de Diputados contra los legisladores, quienes atendieron el reclamo de los trabajadores y el movimiento sindical», y «las intensas presiones sobre los gobernadores para que el Senado no lo sancionará».

«Quedó una vez más demostrado que el presidente Mauricio Macri incumplirá su compromiso electoral de derogación del injusto impuesto. Es el mismo gobierno que, por decreto, extendió de forma ilegal el blanqueo de capitales en beneficio de parientes de funcionarios, premiándolos por la fuga de capitales y la evasión impositiva. El que también por decreto redujo o eliminó retenciones a los sectores agroexportadores y mineros», añadieron.

Los gremialistas reseñaron que el tributo «devasta» los salarios, y realzaron la media sanción de la reforma votada por Diputados el 6 de diciembre último, a la que calificaron como «positiva» porque determinó «un mínimo no imponible de 33.500 pesos brutos para solteros y de 44.500 para casados con dos hijos, además de moderados cambios en las escalas de las respectivas alícuotas».

Palazzo y Berrozpe señalaron también que si el mínimo no imponible de 1999 hubiera sido ajustado por inflación debería ser para el soltero de 44.000 pesos brutos y de 54.200 para el casado con dos hijos, «sin considerar la previsible y elevada inflación de 2017».

Del mismo modo, indicaron que «los asalariados son quienes más pagan, mientras la renta financiera en personas físicas no lo hace; los dividendos tampoco (por la ley de blanqueo fiscal); las grandes, medianas y pequeñas empresas abonan lo mismo (35 por ciento); las que reinvierten sus utilidades y las que no lo hacen depositan idéntica alícuota; las escalas y tramos provocan que se pague una misma tasa (la mayor), aunque los ingresos sean muy disímiles, y las compañías aportan a la recaudación total en la misma medida que esas personas físicas», puntualizaron.

También expresaron que ello indica que «el sistema carece de progresividad, lo que se agrava por la demostrada capacidad de las grandes empresas para eludir o evadir el pago de impuestos».

«Lamentablemente, la extorsión del gobierno y la mayoría de los gobernadores se avino a presionar a los legisladores para que el tratamiento del proyecto se postergase. Posiblemente no se analice», concluyeron los dirigentes bancarios.