Nuevos fiscales en causa Amia, no descartan la pista de Siria

Los fiscales Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini, que reemplazaron a Alberto Nisman al frente de la causa Amia, afirmaron que continuarán la investigación tal como la encaró el fallecido fiscal, aunque no descartarán la pista Siria, la hipótesis sobre el ataque terrorista que había sido dejada de lado.

En un informe en el que dieron cuenta del trabajo realizado durante 18 meses desde su designación en la Unidad Fiscal Amia, los fiscales señalaron que seguirán basándose en la pista iraní, según un documento publicado en el portal web del Ministerio Público Fiscal.

«La UFI-Amia ha definido su principal hipótesis de investigación a partir de los dictámenes ya presentados (por Nisman) el 25 de octubre de 2006 y el 20 de mayo de 2009 que fueron, en su momento, judicialmente refrendados», señalan.

También dijeron que «repasaron las gestiones necesarias para mantener vigentes las alertas rojas de Interpol» contra los iraníes acusados de organizar el atentado y que trabajarán para «la verificación genética de la identidad de Ibrahim Hussein Berro —miembro de la organización terrorista Hezbollah a quien se le atribuye haberse inmolado para provocar el atentado— y los nuevos peritajes bajo evaluación sobre los restos de la Trafic».

La investigación de Nisman estaba enfocada en acusar a Irán de armar el atentado y a la organización terrorista Hezbollah de instrumentarlo con una conexión local.

Los nuevos fiscales continuarán esa línea de trabajo: para ello, con el fin de verificar la identidad de Ibrahim Hussein Berro, convocaron al Equipo Argentino de Antropología Forense, porque suponen que sería trascendental esa prueba para confirmar la investigación realizada por Nisman.

Para los fiscales el perfil genético de Ibrahim Hussein Berro tendrá un «inmenso valor probatorio»: para ello en noviembre pasado libraron un exhorto a las autoridades del Estado de Michigan, Estados Unidos, a fin de obtener muestras biológicas de los hermanos del presunto atacante suicida susceptibles de ser utilizadas en eventuales estudios comparativos de ADN con las muestras y los restos humanos aún sin identificar.

Al respecto, en el informe —publicado en el sitio web del Ministerio Público Fiscal— señalan que aún buscan determinar la cantidad exacta de víctimas, porque no se halló el cuerpo de una de las víctimas.

Sin perjuicio de la pista iraní, los tres fiscales a cargo de la investigación por el atentado contra la sede de la Amia informaron que siguen investigando diversas pistas, entre ellas la Siria.

«El segundo eje se vincula con la interrupción de la investigación de la denominada pista Kanoore Edul (Siria) a partir de una orden ilegal que habría transmitido el entonces Presidente de la Nación (Carlos Menem) y que habría derivado en la suspensión de un allanamiento, la baja de intervenciones telefónicas, la desaparición de casetes y legajos de escuchas telefónicas y en diversas dilaciones y omisiones en la investigación», dice el informe.

Alberto Kanoore Edul es el hijo de un amigo de Menem que fue excluido de la investigación original por una orden del exmandatario al poco tiempo de iniciada la causa.

Kanoore Edul habría mantenido contactos con Carlos Telleldín y Mohsen Rabbani, agregado cultural de Irán en la Argentina y uno de los acusados del atentado, y había sido acusado en su momento por Nisman.

El padre de Kanoore Edul se habría reunido en la Casa Rosada con Munir Menem, hermano del entonces presidente, para frenar la investigación contra su hijo.

Al respecto, los fiscales señalaron que «se detectaron comunicaciones con un domicilio perteneciente a la familia Kanoore Edul y con una línea de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina».

La UFI-Amia informó también que participa en el juicio oral en curso por las irregularidades cometidas en la investigación del ataque, «en el que se juzgan las diversas maniobras ilícitas denunciadas y que tuvieron por finalidad proteger y encubrir a Alberto Jacinto Kanoore Edul, por lo que existe una constante atención sobre los elementos que puedan aparecer en la sustanciación de dicho juicio oral para el esclarecimiento definitivo de esta línea investigativa».

Por otra parte, en su documento, de 34 páginas, los fiscales anunciaron la reanudación del trabajo del Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (Gerad), cuya misión es «garantizar el análisis y la accesibilidad material» del acervo desclasificado el 12 de marzo del año pasado, luego del pedido de los fiscales a cargo de la UFI-Amia al Poder Ejecutivo y las tareas desplegadas.

Entre los documentos figuran «casi dos mil metros lineales de cajas de diverso tamaño» de la ex Side y actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Los fiscales subrayaron también que es necesario «poder conseguir un edificio de dimensiones y condiciones adecuadas para poder continuar con la labor encomendada» y destacaron la importancia de la instauración legal de la figura de «juicio en ausencia», que a su criterio «podría implicar la realización de un juicio oral respecto de los imputados extranjeros cuya captura ordenada aún no ha podido efectivizarse».

«Si bien los imputados hoy tienen un pedido de captura ordenado por el juez competente (Rodolfo Canicoba Corral) sobre la base de una sospecha razonable en orden a las previsiones del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, en caso de aprobarse alguno de los proyectos que se encuentran actualmente en el Congreso Nacional u otro que eventualmente se presente, el juicio podría realizarse en una fecha determinada o determinable y bajo la exigencia constitucional de derribar públicamente el estado de inocencia de cada uno de los sospechosos más allá de toda duda razonable», señalaron los fiscales de la causa Amia.

mia