Cancillería dio curso a dos exhortos en la causa que investiga a Macri
El Ministerio de Relaciones Exteriores, envió una nota al juzgado de Casanello en la que advirtió que, probablemente, esos países requieran “aclaraciones” por falta de “claridad” en relación a los hechos imputados.
La Cancillería dio curso a dos exhortos librados por el juez federal Sebastián Casanello, uno a Panamá y el otro a Uruguay, en el marco de la causa en la que se investiga al presidente Mauricio Macri por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada de dos empresas offshore, reveladas en el marco de la investigación periodística internacional denominada Panamá Papers.
Así lo consignaron fuentes judiciales, quienes detallaron que, no obstante, en paralelo al envío de los exhortos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del área de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal, envió una nota al juzgado de Casanello en la que advirtió que, probablemente, esos países requieran “aclaraciones” o devuelvan el trámite para su “complementación” merced a la falta de “claridad” en relación a los hechos imputados.
Se trata de solicitudes cursadas por el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal Federico Delgado, tendiente a obtener información societaria sobre la empresa Foxchase Trading SA, radicada en la capital panameña.
“Esta Autoridad Central se permite destacar que de la lectura de la solicitud no surge con claridad la descripción precisa o circunstanciada de los hechos imputados –de acuerdo a lo establecido en el artículo 26.a– y esto determina la posibilidad de que las autoridades requeridas, en forma previa a la ejecución de la solicitud, requieran aclaraciones al respecto o procedan a su devolución para su complementación”, indica la nota 6583/16 de ese área de la Cancillería.
En ese mismo texto y pese a esos señalamientos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el que debe remitir el exhorto a las cancillerías de los países destinatarios para que, desde allí, se remita a sus poderes judiciales, consigna que las solicitudes fueron “remitidas a las respectivas Autoridades Centrales” de Uruguay y Panamá, tal cual lo requerido por la Justicia Federal.