Panorama económico bajo la mirada del periodista David Cufré

El gato muerto 

Las ventas minoristas en Ciudad Evita, en el partido bonaerense de La Matanza, registran un nivel de caída desolador, del 49,3 por ciento. Las carnicerías en todo el distrito despacharon un 37,7 por ciento menos que el año pasado, mientras que las verdulerías sufrieron una contracción del 38,9 por ciento y las panaderías del 33,2. Son datos de la Secretaría de Producción del municipio más grande del país, consistentes con otros indicadores del Indec como los de facturación de supermercados y shoopings, que sostienen disminuciones del orden del 15 y 17 por ciento en términos reales desde hace más de un año, o los de utilización de la capacidad instalada industrial, que se encuentra en el escalón más bajo en catorce años. La empresa de agua y cloacas Aysa verifica un aumento de la morosidad de 3 puntos porcentuales, lo que equivale a unos 84 mil hogares adicionales que no pueden afrontar las facturas en tiempo y forma. La cobrabilidad en ese servicio básico declinó de 92 a 89 por ciento durante el verano. La encuesta en La Matanza fue realizada en febrero y marzo. En Rafael Castillo el declive de las ventas fue del 41,6 por ciento. En Isidro Casanova, del 37,0. En Laferrere, del 35,3. En Luzuriaga, del 30,4. En San Justo, del 29,6. En González Catán, del 27,2. Y en Lomas del Millón, del 25,7. El promedio para el partido fue de -34,8 por ciento. El achicamiento alcanza a todos los rubros, con un pico del 40 por ciento en electrodomésticos. La persistencia de una inflación elevada, superior al 2 por ciento en marzo, agrava la situación. A nivel general del área metropolitana, el consumo de alimentos, bebidas, artículos de limpieza y tocador anotó en marzo otra caída significativa, en torno al 3 por ciento interanual, según los sondeos de consultoras especializadas que se harán públicos en los próximos días. Una de ellas, CCR, advirtió que la última vez que subió el consumo fue en diciembre de 2015. La Federación de la Industria del Pan se declaró ayer en estado de emergencia. La consultora Tendencias Económicas, en tanto, contabilizó un aumento generalizado de los despidos y las suspensiones el mes pasado. Las cesantías sumaron 61.249 trabajadores, nivel que supera en 3,2 veces el registrado un año atrás. Las suspensiones alcanzaron a 11.408, 41,1 por ciento más que en marzo de 2016. En ese contexto ruinoso para la producción nacional, la apertura importadora sigue sin cambios. El sector de manufacturas de cuero y afines reportó un aumento de las compras al exterior del 44 por ciento en el primer trimestre respecto del mismo período de 2016.

El Gobierno, los economistas y los medios de comunicación ultra M aseguran que la recesión terminó y que la inflación está en baja, a contramano de una abrumadora cantidad de evidencias que describen la continuidad de un círculo vicioso de retracción de la producción y el consumo, con movimientos intensos de precios a pesar de la debilidad de la demanda. Como viene sucediendo desde el inicio de la gestión de Cambiemos, las palabras van por un lado y los hechos por otro. El año pasado la estrategia oficial era atribuir la responsabilidad de las malas noticias a la pesada herencia o a la necesidad de practicar un sinceramiento sobre distintas variables económicas, mientras se prometía una recuperación en el segundo semestre. Ahora el Gobierno pasó a otra instancia: niega la existencia de la crisis y se afirma en la idea de que el camino emprendido dará lugar a largos años de crecimiento. La versión es que se están sentando las bases para convertir a la Argentina en un país serio y confiable. Es el discurso de todos los gobiernos neoliberales, desde el Brasil de Temer a la España de Rajoy, mientras intentan imponer una reducción de la participación del salario por medios directos e indirectos –como la flexibilización laboral, la reducción de subsidios y la quita de coberturas sociales– y consolidar un patrón regresivo de distribución del ingreso. La profundidad y velocidad en esa tarea depende de la resistencia que encuentre por parte de la sociedad. A Gabriela Michetti directamente le gustaría que se anularan las elecciones legislativas de medio término. “No hay plan B”, se plantó Mauricio Macri, dispuesto a jugarse a todo o nada, aunque luego de un marzo con cientos de miles de personas movilizadas debió aceptar correcciones menores como el desdoblamiento del tarifazo, el reconocimiento de que deberá entregar asistencia express del plan Repro a los sectores más afectados o la reinstalación de las ventas en tres o seis cuotas sin interés para textiles, calzados y marroquinería. La apuesta en este momento es aguantar hasta que las comparaciones estadísticas contra bases deprimidas del año pasado empiecen a arrojar aunque sea algunos datos positivos, por más que sean insuficientes para remontar la caída de 2016, la más violenta desde la crisis de 2001. La aspiración de máxima es lo que usualmente se denomina el rebote del gato muerto, que supuestamente ahora se daría más cerca de mitad de año, postergando otra vez la fecha de una reanimación que nunca llega. Entre tanto, el plan A de quita de ingresos y derechos a los trabajadores sigue su curso.

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destaca que hasta 2015 la Argentina lideraba con comodidad el ranking de salarios en la región. La paridad de poder adquisitivo, a precios constantes con base 2011, asignaba para los trabajadores del país ingresos equivalentes a 1767 dólares mensuales, por arriba de los 1220 de Chile, los 1023 de Uruguay, los 856 de Brasil y los 671 de Colombia. Esa comparación da un indicio del margen en el que puede estar pensando Macri cuando avisa que habría que trabajar sábados y domingos y hacerlo de manera más flexible, al estilo de Colombia. La búsqueda de competitividad por vía del recorte de salarios es lo que está detrás de expresiones como esa.

“Hoy no veo horizonte para la industria”, se queja la ex ministra del área, Débora Giorgi, con los datos de la encuesta de La Matanza citados al comienzo como evidencia de la continuidad del ciclo recesivo. La Secretaría de Producción que ella conduce reportó 15 mil despidos de trabajadores registrados y hasta el triple de informales el año pasado. Roberto Feletti, secretario de Hacienda del mismo municipio, apunta que la recaudación de la tasa de Seguridad e Higiene que pagan las empresas, con la misma base imponible del IVA e Ingresos Brutos, subió solo 26 por ciento interanual en el primer trimestre, cuando la inflación estuvo arriba del 32. Pero esa situación es peor en las pymes, ya que tributaron solo un 22 por ciento más que entre enero y marzo de 2016, en otra prueba de ventas flacas.

Las posibilidades de un repunte de la inversión en este contexto son mínimas, luego de que en 2016 esta variable arrojó los peores resultados, con una caída del 5,5 por ciento contra 2015. A su vez, la participación de la inversión extranjera disminuyó de 1,9 puntos del PIB en el último año del kirchnerismo a 1,1 en el primero de Cambiemos, de acuerdo al Indec. “Con la excepción de un mayor ritmo en la inversión pública y un aumento en los desembolsos en algunos sectores de servicios y energía, no hay razones para esperar una recomposición sensible de la inversión privada que preludie el ingreso en un sendero de crecimiento sostenido”, advierte el último informe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), que comanda Mercedes Marcó del Pont, donde se consignan todos esos datos. También señala que “la recomposición de la masa salarial se presenta como una condición necesaria para dinamizar el consumo”, pero si se impone el criterio del Gobierno de limitar los aumentos a un máximo equivalente al alza de la inflación “se evitaría generar este año una erosión adicional en la capacidad de compra, pero se cristalizaría gran parte de la pérdida ocurrida en 2016”. Incluso si los sindicatos pudieran imponerse a ese tope, completa el documento de FIDE, eso tampoco sería garantía de una reactivación económica hasta llegar al alza de 3,5 por ciento este año como promete el Gobierno. “La persistencia de expectativas negativas por parte de los consumidores, la sustitución de producción nacional por importaciones y los incentivos a canalizar ahorro hacia colocaciones financieras son los principales factores que bloquean la recuperación”, enumera.

El Gobierno seguirá con su estrategia política de cara a las elecciones. La economía, por ahora, no lo acompaña en la aventura, y es motivo de debate si lo hará o no con fuerza antes de octubre. Las expectativas de mercado, de consultoras y bancos que apoyan el cambio de modelo económico, son de un crecimiento cada vez más acotado para este año, hasta un máximo de 2,8 por ciento, apenas dos décimas más que la expansión de 2015, cuando supuestamente todo andaba mal.