Piden investigar si médicos penitenciarios mintieron para beneficiar a Etchecolatz

Los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira pidieron que se investigue si médicos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) falsearon datos sobre la salud del represor Miguel Osvaldo Etchecolatz que pudieron inducir a error al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que le otorgó la prisión domiciliaria en varias causas, y a la propia fiscalía.

La denuncia fue formulada ante el juez federal Ernesto Kreplak y toma en cuenta diferencias consignadas en cuanto al peso de Etchecolatz entre un informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, elaborado en abril y otro rubricado en julio por médicos penitenciarios del hospital intramuros de la cárcel de Ezeiza.

Los médicos de la cárcel de Ezeiza aseveraron que había perdido ocho kilos en 18 días de huelga de hambre tras consignar a la vez que pesaba seis kilos más que los constatados en un informe anterior de sus colegas del Cuerpo Médico Forense, informó hoy el sitio fiscales.gob.ar sobre el pedido de investigación.

«En base a esa supuesta pérdida de (ocho kilos de) peso los penitenciarios recomendaron que regresara a su casa» el represor condenado ya en numerosos juicios por delitos de lesa humanidad e imputado en otros que están en etapa de instrucción.

Según los fiscales, la «serie de desavenencias» sobre el peso de Etchecolatz «entre lo informado por el Cuerpo Médico Forense y las aseveraciones efectuadas por los médicos del SPF» podrían implicar «una posible estafa a la administración de justicia a través de la falsedad ideológica de los informes remitidos a la causa».

La posibilidad de que se hayan fraguado los datos «cobra especial interés toda vez que (el peso) resulta un aspecto cuasi determinante a los fines de valorar la incidencia de la huelga de hambre en la salud del imputado», indicaron los representantes del Ministerio Público.

En abril de este año, el Cuerpo Médico Forense de la Corte informó que Etchecolatz pesaba 67 kilos, en el marco de un incidente sobre la solicitud de prisión domiciliaria en el que, para esa fecha, debió dictaminar la Unidad Fiscal, que tras evaluar la información de los profesionales se opuso al otorgamiento del beneficio.

No obstante, el TOF 1 le otorgó el pasado 22 de julio la prisión domiciliaria sin hacerla efectiva por la existencia de otras causas con sentencia o abiertas contra Etchecolatz, que inició entonces una huelga de hambre.

El 25 de julio, los médicos del SPF aseveraron que Etchecolatz pesaba 73 kilos y desde esa fecha informaron una escala decreciente de peso atribuida a la huelga de hambre, hasta que el 12 de agosto último dijeron que pesaba 65 kilos.

Pero los fiscales pusieron en duda estos datos e hicieron notar «una diferencia notable entre el peso consignado por el Cuerpo Médico en abril (67 kilos) y el establecido por el inicio de la huelga de hambre en julio (73 kilos), usado como parangón para establecer la pérdida de peso» informada el 12 de agosto.

Para los fiscales, «la gravedad de lo advertido» cobra relieve porque para dictaminar frente a un pedido de Etchecolatz debieron basar su opinión «en tales informes del Servicio Penitenciario, confiando en la buena fe de lo consignado».

Además, antes de ese dictamen, el Tribunal rechazó el pedido de los fiscales para que se convocara al Cuerpo Médico Forense «como es práctica en estos casos».
Desde abril de este año, la Unidad Fiscal dictaminó en dos ocasiones el rechazo a las solicitudes de prisión domiciliaria presentadas por la defensa de Etchecolatz, requerimiento replicado en todas las causas en las que se encuentra procesado o cumpliendo condena.

En julio, en uno de estos dictámenes, los fiscales expresaron cierta extrañeza frente al proceder de uno de los médicos del SPF que remitió al Tribunal sus opiniones en favor de la prisión domiciliaria de Etchecolatz, sin que se las hubiesen requerido y al margen del conocimiento de sus superiores.

Esta irregularidad y un informe conjunto del Cuerpo Médico Forense y de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General, que había sido ordenado por el juez Kreplak luego de iniciada la huelga de hambre, llevaron a que la fiscalía descartara una vez más el pedido de prisión domiciliaria.

Con posterioridad, otorgaron la prisión domiciliaria a Etchecolatz el TOF 1 de La Plata en una causa en la fue condenado en 2014, en otras en tres que están en la etapa de ejecución de la pena (la causa Camps de 1986, la causa «Bergés-Etchecolatz» de 2004 y la «causa Etchecolatz» de 2006) y en las causas por los crímenes en el Circuito Camps (condena de 2012 en revisión) y Quilmes, en la que aún no se fijó fecha de debate.

En estas últimas, la decisión fue adoptada el viernes pasado y los fiscales presentarán recurso de casación para solicitar su revocación.
También otorgaron prisión domiciliaria a Etchecolatz el TOF 6 y la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires en la causa por los crímenes en el centro clandestino que funcionó en la Brigada Güemes, comprendidos el expediente elevado a debate y otro en la etapa de instrucción.

Pero el represor no logró hacer efectivo esos beneficios porque el titular del Juzgado Federal 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, le denegó los pedidos en las causas que lo tienen procesado por crímenes de lesa humanidad cometidos en las brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús.