Presidente del Correo: «El acuerdo no es espurio ni antojadizo»
Jaime Cibils Robirosa hizo una presentación ante la Cámara Nacional de Apelaciones para rechazar el dictamen del fiscal y manifestó que"no hay alteración alguna al orden público, ni se viola la ley de Ética Pública".
El presidente de la empresa Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, efectuó hoy una presentación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial para rechazar el dictamen fiscal que calificó el acuerdo con el Gobierno de «abusivo», y consideró que ese convenio «no es espurio, ni antojadizo, ni oscuro».
«La propuesta no es abusiva, ni implica una condonación de ningún tipo. Alcanza al 100 por ciento del crédito del Estado Nacional en términos nominales más un 7 por ciento de interés», resaltó la compañía, que reclamó rechazar el dictamen de la fiscal Gabriela Boquin.
En la presentación a la que tuvo acceso NA, Correo Argentino S.A. advirtió que en el acuerdo con el Gobierno «no hay alteración alguna al orden público, ni se viola la ley de Ética Pública cuando se pretende pagar una deuda que no debió haber existido nunca».
La fiscal «no puede ignorar que ha sido el propio Estado el que provocó la presentación de este concurso; que ha sido también el Estado el que desapoderó de todos sus activos a la empresa, sin reparación alguna y que ha sido también el Estado quien se ha rehusado a encontrar una solución integral a todos los diferendos», señaló el titular del Correo Argentino.
Cibils Robirosa efectuó hoy ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial una presentación en la que señala «la necesidad de realizar algunas aclaraciones que permitan entender que este proceso concursal es una pieza más dentro de un proceso mucho más complejo de reclamaciones recíprocas entre el Estado» y Correo Argentino.
En tal sentido, señala que no hubo objeciones al acuerdo por parte de la Sindicatura General de la Nación ni de los 600 acreedores que participan del proceso, destaca que se vuelcan valores expresados en pesos argentinos «a un monto absurdamente inflado con tasas inaplicables para este tipo de procesos», y que se trató de «la peor estatización de la historia» argentina.
En el escrito se rechaza la posibilidad de que la Fiscalía forme parte del proceso con facultad de interponer recursos, ya que se trata «de un órgano de opinión no vinculante», y propone que se llame a una audiencia pública con participación de las sindicatura general y controlante, al Estado nacional, a la Procuración del Tesoro y a la Oficina Anticorrupción «a los efectos de encontrar, de buena fe y en conjunto, una salida razonable a este largo proceso concursal».