Prisión preventiva para acusada de defraudar al Estado provincial en Educación
La mujer fue imputada como jefa y organizadora de la asociación ilícita que cargaba reemplazos y licencias inexistentes en perjuicio de la administración pública provincial.
Dictaron la prisión preventiva para la mujer acusada como jefa y organizadora de una asociación ilícita compuesta por otras tres mujeres que quedaron imputadas por el mismo delito pero en calidad de organizadoras, continuarán el proceso en libertad. En tanto, otras diez personas fueron imputadas pero en calidad de miembros.
Lo resolvió el juez Jorge Pegassano a solicitud de los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí. El magistrado también decidió que las otras tres mujeres imputadas como organizadoras continúen el proceso en libertad. En su pedido, los fiscales hicieron hincapié en la necesidad de proteger el patrimonio del Estado provincial.
Quedó detenida con prisión preventiva la mujer imputada como jefa y organizadora de la asociación ilícita que consumó 274 defraudaciones y realizó otras 100 en grado de tentativa, todas en perjuicio de la administración pública provincial. Así lo resolvió el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Jorge Pegassano, a solicitud de los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí.
La decisión del magistrado fue tomada ayer a la tarde en la correspondiente audiencia de medidas cautelares realizada en el subsuelo de los tribunales de la ciudad de Santa Fe. En relación a las otras tres mujeres que estaban detenidas por los mismos delitos –pero sólo en condición de organizadoras–, se les concedió la libertad. Ofrecieron bienes muebles o inmuebles como caución real y deberán presentarse cada 15 días en la sede del MPA para acreditar que no se evadirán del proceso judicial.
Declaraciones
“Las tres mujeres que quedaron en libertad declararon en las audiencias. Si bien tenían algunas diferencias las versiones que ofrecieron, brindaron información que será puesta a consideración en la investigación”, señalaron los fiscales. En tal sentido agregaron que “a diferencia de la mujer que quedó detenida, los datos aportados por estas tres mujeres son considerados como una colaboración para la investigación”.
También declararon ayer el especialista de la sección Delitos Tecnológicos de la Policía de Investigación (PDI) de la provincia y un colaborador que trabajaron junto a los fiscales. Brindaron precisiones acerca de cuestiones técnicas e informáticas que fueron fundamentales para detectar las computadoras desde las que se habían hecho las modificaciones en el sistema del ministerio de Educación, y en cuanto a la modalidad de la maniobra.
Patrimonio estatal
“Valoramos la decisión del magistrado”, señalaron Apullán y Martí. “Entendemos que el patrimonio del Estado debe ser protegido, sin importar si el perjuicio es de 1 peso, de 10 millones o de casi 137 mil como en este caso”, sostuvieron los fiscales.
En relación a la investigación, Apullán y Martí reiteraron que “en total hay 14 personas involucradas. La jefa de la asociación ilícita que quedó detenida con prisión preventiva; las otras tres mujeres que quedaron en libertad y están imputadas como organizadoras; y 10 personas más –dos hombres y ocho mujeres– imputadas como miembros de la asociación ilícita”.
Los hechos
Apullán y Martí recordaron que la asociación ilícita venía realizando la actividad delictiva desde mediados de 2015 y calcularon que el monto del perjuicio al erario público es de 136.755,82 pesos.
La maniobra consistía en cargar en el sistema informático que utiliza el ministerio de Educación –denominado SARH– horas cátedra de reemplazo que eran irreales o falsas. El ingreso de la información al sistema se llevaba a cabo utilizando el usuario y contraseña de las escuelas afectadas y de los destinatarios del dinero.
Los fiscales precisaron que “estas personas habían descubierto una “vulnerabilidad” del sistema que les permitió conseguir que la cartera educativa provincial abonara los respectivos rubros por reemplazo falsas en las cuentas sueldo de cada uno de los beneficiarios”.
Además, los funcionarios del MPA explicaron que “el sistema delictivo que utilizaron en las escuelas públicas del departamento La Capital ya había sido ejecutado en el ámbito de un colegio privado religioso ubicado en el microcentro de la capital provincial”.