Rafecas pidió analizar el dinero hallado a López y sus comunicaciones telefónicas

El juez federal Daniel Rafecas encomendó a la Policía Federal realizar estudio de fajas, termosellado y numeración para determinar la procedencia del dinero secuestrado durante la detención de José López y autorizó al fiscal de la causa a requerir las llamadas entrantes y salientes realizadas por el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, su esposa y su suegra.

En el marco de la causa que por enriquecimiento ilícito que se sigue al ex funcionario, Rafecas, entre otras medidas, le encomendó a la División Fraudes Bancarios de la Policía Federal que se constituya en la casa central del Banco Provincia, en la ciudad de La Plata, para que mediante un análisis de sus fajas, termosellado, numeración, marcas de agua y demás elementos que conforman cada billete según su denominación, determinen la procedencia de los mismos.

Según publica hoy el Centro de Información Judicial, la policía podrá pedir colaboración al Banco Central de la República Argentina para cumplir con su trabajo.

Por otra parte, y respecto del hallazgo de los casi 9 millones de dólares y demás elementos de valor encontrados en poder de López en la localidad bonaerense de General Rodríguez al momento de su detención el martes de la semana pasada, el magistrado dispuso la colaboración activa del fiscal de la causa, Federico Delgado, autorizándolo a requerir a las diversas compañías de telefonía y a la Comisión Nacional de Comunicaciones las llamadas entrantes y salientes efectuadas por el ex funcionario, su mujer María Amalia Díaz y su suegra Lucila Amalia Corvalán de Díaz.

Esta medida incluye celdas, antenas y cualquier otro elemento que considere, dentro del período que estime pertinente, así como la realización de cualquier otra diligencia que fuese relevante en el mismo sentido.

Asimismo, a partir de haberle tomado declaración indagatoria a López el jueves último en orden al delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público, el Juzgado se encuentra abocado a resolver la situación procesal del ex secretario de Obras Públicas, para lo cual posee 10 días hábiles.