Salvador Vera: «No estamos conformes con la liberación de algunos agentes, son peligrosos para los testigos»

Procesaron a 30 efectivos de la policía implicados en la desaparición y muerte de Franco Casco, el joven que, después de haber estado detenido en la comisaría 7ª, fue hallado muerto en el río Paraná. Las acusaciones fueron por los delitos de coautores por desaparición forzada y torturas; coautores de desaparición forzada, y partícipes secundarios de desaparición forzada.

De los procesados 15 quedaron detenidos. En decir, el juez Vera Barros dictó la prisión preventiva de los 10 policías de la comisaría 7ª entre los cuales están el comisario Diego Álvarez y el oficial auxiliar César Acosta, empleado de la misma seccional. En tanto,  también recibieron preventiva el jefe de la Dirección Provincial de Asuntos Internos, Aníbal Candia, el inspector de la misma área, Sergio Damián Pieroni, el Suboficial Carlos Ríos y dos agentes de apellido Císcaro y Escobar

Según informó el abogados querellante, Salvador Vera, en diálogo con Conclusión, «están estudiando la pieza procesal para avanzar en alguna apelación que tenga que ver con el procesamiento de los cinco agentes de Asuntos Internos». «En el fallo, el procesamiento de los agentes de la repartición se produce bajo la figura de encubrimiento y las dos querellas creemos que la imputación debe ser como participe por lo cual, pediremos la apelación», explicó Vera y aseguró que «no están conformes» con la liberación del resto de los agentes ya que lo consideran «peligrosos para la integridad de los testigos».

«Nosotros hacemos una clara distinción», remarcó el y explicó: «Los jerárquicos de Asuntos Internos intervinieron en el marco de la desaparición (coautores). Mientras Franco estaba desaparecido, tenían obligación de brindar toda la información acerca de su paradero y lo ocultaron y en el caso de los otros dos, cabe la figura del encubrimiento porque fue luego de la aparición del cuerpo, cuando el delito ya cesó. Es decir, cubrieron los rastros del delito».

Si bien desde la querella consideran que la resolución es «consistente» con los elementos incorporados a la investigación, esta semana comenzarán las apelaciones para luego fijar la audiencia y «que la cámara resuelva si  por escrito o si va a ser en el marco de una audiencia oral si lo quiere alguna de las partes».

Ahora, según Vera, quedan pendiente de resolución la captura y la indagación del agente que está prófugo y la remisión de la causa de la Justicia Provincial a la Federal respecto de la médica de policía y su indagación. Además, esperan que el juzgado resuelva sobre el pedido de las dos querellas con respecto a Crespo y el personal del Instituto Médico Legal presente en la autopsia de Franco Casco.

El joven era albañil, oriundo del partido de Florencio Varela de la provincia de Buenos Aires. Llegó a Rosario a fines del 2014 para visitar a unos familiares. El 6 de octubre abandonó la casa de su tía para volver a Buenos Aires, pero nunca llegó a destino. Después de estar desaparecido 23 días, su cuerpo sin vida fue hallado en una zona costera del río Paraná, por Prefectura Naval.

La autopsia determinó que había sido arrojado ya muerto al agua, por lo que la principal hipótesis del caso es que fue asesinado a golpes en la comisaría, el último lugar donde se lo vio con vida.