«Trece años después de su asesinato, nuestra situación ha empeorado»

Por Florencia Vizzi

“Defendemos nuestro derecho a trabajar, a ser escuchadas, a ser tratadas como personas”…

Sandra Cabrera

Sandra Cabrera tenía 33 años y una hija, Macarena, de 9. Había nacido en San Juan, pero se había radicado en Rosario. Era trabajadora sexual, como ella misma se definía y una acérrima defensora de los derechos de las mujeres que ejercían su misma profesión.

Militaba con un convencimiento tenaz e intransigente en la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, sindicato del que era secretaria general en Rosario, y denunciaba incansablemente los abusos policiales sobre las trabajadoras sexuales y las complicidades de la fuerza, tanto provincial como federal en los negocios oscuros asociados a la prostitución, trata de menores y tráfico de estupefacientes.

Sus reiteradas denuncias contra las fuerzas de seguridad, que llegaron a 10 entre 1999 y 2002 y que no conseguían eco en las autoridades políticas, tenían siempre los mismos ejes: detenciones arbitrarias y persecución a las prostitutas, zonas liberadas para la explotación sexual infantil, complicidad de las fuerzas en la venta de drogas en toda la zona de la Terminal de Ómnibus y cobro de coimas.

No la detuvieron las permanentes amenazas que recibía, ni la brutal golpiza que recibió en el año 2002, ni el retiro de la custodia policial que se le había asignado. En septiembre del año 2003, una denuncia presentada por Sandra en los Tribunales Provinciales terminó con el descabezamiento de la entonces División de Moralidad Pública de la Policía, que tiempo después, fuera disuelta. El jefe, Javier Pinati, y el subjefe, Walter Miranda, fueron echados.

Tan sólo unos meses después, el cuerpo de Sandra fue encontrado en la calle, semidesnudo, con una bala calibre 32 en la nuca en Iriondo entre Santa Fe y San Lorenzo, a una cuadra y media de su casa.

Las crónicas e investigaciones policiales enseguida apuntaron a un “crimen pasional” y a un oficial de la división Drogas Peligrosas de la Policía Federal, Diego Parvluckzyk, ya sobreseído, con quien Sandra tenía una relación. Sin embargo, desde entonces, desde todos los sectores sociales que aún reclaman por el esclarecimiento del crimen, el clamor que se escucha es siempre el mismo: “A Sandra Cabrera, la mató la policía”.

Este viernes, a las 19, la Asociación de Meretrices Argentinas, (Ammar) junto con dirigentes de la Central de Trabajadores Argentinos, concejales de la ciudad y la agrupación Frente de Unidad Emancipatorio por el reconocimiento de los derechos de los trabajadores sexuales de la Argentina (Fuertsa) volverán a pedir Justicia y homenajearán a Sandra poniéndoles su nombre a la plaza que está en Córdoba al 3600 de Rosario.

Gerogina Orellano, secretaria general de Ammar, que participará del acto, mantuvo un extenso mano a mano con Conclusión sobre la memoria de su compañera, la impunidad y las problemáticas que enfrentan las trabajadoras sexuales cada día.

—¿En qué consiste el acto?

—Nosotras todos los años hacemos diferentes actividades recordando la memoria de nuestra compañera Sandra Cabrera. A fines del año pasado surgió esta idea, que nos permitiría tener un espacio más concreto, no sólo para recordarla todos los 27 de enero sino para que esté vigente y presente. Y sobre todo para que muchas de las trabajadoras sexuales que no saben quién fue ella, tengan la posibilidad de conocerla, de saber qué hizo y por qué su asesinato sigue impune…  no sólo las trabajadoras sexuales, sino toda la sociedad rosarina. Que sepan que, a metros de la Terminal de Ómnibus asesinaron impunemente a una trabajadora sexual. Así surgió la idea de la plaza. Era encontrar algo que pudiera llevar su nombre y que todos los días la gente que cruce por allí,  se pueda encontrar un poco con la historia de Sandra. Cuando tuvimos esta idea, le hicimos llegar esta propuesta al concejal Eduardo Toniolli que rápidamente armó el proyecto y nos dijo que, efectivamente, la plazoleta que nosotras queríamos no tenía nombre y eso le daba más posibilidades al proyecto, que finalmente se votó y aprobó en la última sesión del año pasado. Estamos muy contentas porque va a haber una plaza en Rosario, a metros de donde a Sandra la mataron, pero también, a metros de dónde se concentra una de las zonas más importantes de trabajo sexual en Rosario.

—En el año 2004 después que la mataron a Sandra, quien era la secretaria de Ammar en ese momento, Elena Reynaga, declaró que la policía era “el mayor proxeneta de las trabajadoras sexuales en el país”. En estos 13 años, ¿hubo algún cambio en relación a ello o todo sigue igual?

Goeorgina Orellano en un homenaje a Sandra Cabrera en Rosario

—No, la verdad es que todo empeoró para nosotras. En cuestiones de mayor criminalización hacia el trabajo sexual, mayor violencia institucional y mayor poder de arbitrariedad. Ya no sólo por parte de la policía, porque empezaron a aparecer otros factores implicados, como por ejemplo los operadores judiciales. En Rosario algunos funcionarios y funcionarias que están adentro del Comité de Trata de Personas de la Secretaría de la Mujer. Algunos que participaban en los operativos de allanamiento de los lugares de trabajo de nuestras compañeras. Allanamientos que han sido por demás violentos, en los que maltrataban a nuestras compañeras y en los cuales muchas de ellas nos contaron que ingresaban rompiendo la puerta, poniéndole el arma en la cabeza, poniéndolas a todas contra la pared, llevándose todo lo de valor que encontraban en el interior de la vivienda. Y después, cuando se encontraban con la gente que pertenecía al Comité de Trata les decía que ellas eran víctimas pero que no se estaban dando cuenta de eso y que no podían ejercer más la prostitución y el lugar se clausuraba. Algunas de ellas son extranjeras, otras tienen hijos pequeños que mantener y son el único sostén de familia. Y la verdad es que eso fue para nosotras un retroceso. Santa Fe es la única provincia que tiene derogados los códigos contravencionales, los famosos artículos del código de faltas, que penalizaban el uso del espacio público para la oferta de servicios sexuales, y que ocasionaba que, hasta el año 2005 se llevaran detenidas las compañeras. Eso se derogó después de la muerte de Sandra, fue un proyecto que ella llegó a presentar en la Legislatura Provincial y se retomó después de su asesinato, para apaciguar el reclamo social por el asesinato y con la impunidad que se llevó a cabo, se votó por mayoría la derogación no sólo del artículo de faltas sino también el desmantelamiento total del área de moralidad pública que era el órgano que estaba a cargo de ejecutar las decisiones arbitrarias contra las compañeras. Y nosotras pensábamos que al derogarse el código de faltas, iba a mermar el atropello por parte de la policía. Y en los primeros años fue así, pero después empezaron a aparecer otro tipo de legislaciones con tinte prohibicionistas que fueron, tal vez, bien intencionadas y que buscaban combatir la trata, pero que a la vez también equiparaba trata con trabajo sexual. Y prohibieron primero los cabarets y las whiskerías de Rosario, arrojando a nuestras compañeras a la calle. Muchas de ellas no sabían cómo trabajar en la calle, no sabían en qué zona se podía ejercer el trabajo sexual. Otras comenzaron a trabajar en departamentos privados o en casas y se comenzó a explotarlas mucho más laboralmente.  Hubo ahí una mayor clandestinización del trabajo y una mayor precarización del trabajo sexual con muy malas condiciones laborales y con ningún tipo de seguimiento del tema por parte del municipio. Porque más allá de esos lugares que se cerraron, nadie le dio un seguimiento, dónde están esas mujeres, de qué viven o si encontraron o no sostén. El único ofrecimiento en su momento fue hacer micro emprendimientos, pero el subsidio fue sólo por seis meses de 700 pesos. Algunas se anotaron para cobrarlo pero cuando pasaron esos seis meses, no recibieron más respuestas. Hubo iniciativas por parte de las compañeras de formar cooperativas entre varias y alquilar una vivienda para trabajar. Algunas de ellas lo lograron pero lo que pasó es que esa vivienda no tiene un respaldo ni un marco legal como cooperativa, porque el trabajo sexual aún no está reconocido como trabajo, y siempre terminamos trabajando con un vacío legal en el limbo. Y ese fue clausurado luego y la compañera que se encargaba de juntar el dinero para pagar el alquiler fue acusada de proxeneta, porque así la enmarcaba la figura legal. Y estamos hablando de una compañera que también estaba en una situación de vulnerabilidad. Pero bueno, para la Justicia algunas son víctimas y algunas victimarios. Y se comenzó con una especie de cacería de brujas

—Hay una delgada línea entre el trabajo sexual y trata de personas, y el tema cada vez se compleijiza más. Y, mientras no esté regulado, finalmente termina resultando en una persecución de la prostitución. ¿Ustedes vislumbran alguna alternativa o salida posible que modifique esa situación?

—Nosotras a nivel nacional presentamos un proyecto de ley que busca legalizar el trabajo sexual autónomo de mujeres mayores de 18 años que asuman el trabajo sexual en forma voluntaria. Es un proyecto que quedó encajonado, que tuvo muchos frentes de agrupaciones que no acuerdan con la legalización del trabajo sexual sino que más bien creen que el Estado tiene que abolirlo y darnos alterantivas laborales para sacarnos a nosotras de las situaciones de explotación en las que estamos, pero todo lo hacen desde un lugar “moralista” y con un gran desconocimiento de que es lo que nosotras verdaderamente queremos para nuestras vidas y después de que el proyecto perdiera estado parlamentario en diciembre de 2015, la organización lo que decidió es que vayamos provincia por provincia donde Ammar tiene secretarías y donde estamos organizadas para buscar si hay alguna provincia, alguna legislatura donde los diputados tengan la maduración política suficiente para llevar adelante este tema desde una perspectiva de derecho dejando de lado las cuestiones morales y los prejuicios. Estamos notando algunos cambios y logrando que en algunos lugares escuchen nuestras razones: por qué buscamos la legalización, y cuáles son los problemas que las trabajadoras sexuales enfrentamos por trabajar en la clandestinidad. El no acceso a los derechos laborales, por ejemplo, la jubilación o la salud integral. Pero son pequeños avances, que por lo menos evidencian que hay un sector de la sociedad que se está replanteando que postura tomar frente al trabajo sexual. Y hay muchos que antes desconocían que las trabajadoras sexuales estaban precarizadas, que ahora están acercando posiciones, que están escuchándolo, que nos preguntan de qué manera el Estado podría llevar adelante una legislación trabajando conjuntamente con la organización, y eso antes no sucedía y ahora por lo menos se abren algunas puertas para el debate.

—Volviendo al tema de Sandra, el crimen nunca fue esclarecido, la impunidad sigue siendo en este hecho lo que define el cuadro. ¿Tienen la esperanza de que haya alguna posibilidad de que el asesinato se esclarezca?

—La verdad es que hay una esperanza porque el caso es uno de los que el Ministerio Público Fiscal decidió que no se encajone, por todo lo que significó Sandra Cabrera en Rosario y lo que significó su femicidio. Eso abre una posibilidad de que Macarena, la hija de Sandra, va a poder llevar adelante la causa y seguir pidiendo Justicia. Pero también a nivel nacional, lo que nosotras vemos es que el 91% de los femicidios de las trabajadoras sexuales quedan impunes, y que no generan el impacto social que genera el femicidio de cualquier otra mujer. Me parece que ahí hay que hacer un cambio social y cultural profundo, porque mucha gente cree que nosotras, por el trabajo que realizamos, merecemos lo que nos pasa y a veces también, hasta nos quitan la categoría de mujer. Como que por el sólo hecho de ser prostituta, todo lo que te sucede, si la policía te pide coimas, si te roban, si te allanan, si te golpean, si te asesinan, es como que “bueno, vos te la buscaste ¿no?”. Y me parece que ahí hay que hacer un fuerte trabajo, hacia el interior del movimiento de mujeres para que, así como nos generan tanto dolor los asesinatos de las mujeres que ocurren cada 36 horas en nuestro país, también tiene que causar el mismo impacto cuando matan a una trabajadora sexual. Que la sociedad salga a pedir justicia y que esos casos no queden impunes. Es un cambio cultural que hay que hacer, que va a venir de la mano cuando la gente comience a vernos a nosotras como mujeres sujetas a derecho, no ya como personas que, por habernos salido de las normas establecidas, nos merecemos todo lo que nos sucede. Es necesario que nos comiencen a ver como parte de la clase trabajadora. La mayoría de los problemas y situaciones que nosotras enfrentamos a diario no tienen que ver con el trabajo en sí, sino que tiene que ver con el hecho de haber nacido mujeres en esta sociedad tan desigual. Y si la gente comprende eso, va a acompañar la lucha, no sólo por el esclarecimiento del asesinato de Sandra Cabrera sino por el esclarecimiento de todas las compañeras que a lo largo de estos años fueron perdiendo la vida, y de todos los casos que han quedado no sólo impunes  sino olvidados socialmente.

—Durante mucho tiempo, las organizaciones feministas tuvieron como una relación de amor-odio con las trabajadoras sexuales y en estos últimos tiempos parece que esto estuviera cambiando y que las trabajadoras sexuales estuvieran incorporando algunas cuestiones del feminismo a su enfoque político. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

—La verdad es que nosotras de la organización tenemos esa mirada, sobre todo después de lo que sucedió en el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. Sin ir más lejos, nosotras luchamos para tener un taller propio, con una agenda para discutir pensada por las trabajadoras sexuales. Fue todo un camino que tuvimos que hacer para acordar y llevarnos el sí. Y el gran impacto fue que las protagonistas fueron las trabajadoras sexuales, las mujeres vieron más de una cara, vieron una diversidad de historias, de mujeres que se autoperciben como trabajadoras sexuales y que se organizan y eso generó un gran interés. Tuvimos seis aulas colmadas, cuando pensamos que sólo íbamos a tener dos, y más de 700 mujeres escuchándonos… Durante mucho tiempo nosotras estuvimos del otro lado, escuchando a otros hablar por nosotras e intentando levantar la mano para poder meter un bocado. Y dar esa pulseada y haberla ganado, y que sean otras las que se sienten y escuchen que es lo que nosotras queremos, por qué elegimos el trabajo sexual, por qué nos organizamos, por qué creemos que la ley es una herramienta que nos va a ayudar para poder enfrentar a todas las situaciones de violencia que vivimos a diario, fue un gran paso. Y también el hecho de escuchar también que había compañeras que nos decían que les abrimos la cabeza, que les derribamos todos los mitos que ellas tenían y los prejuicios. Las trabajadoras sexuales son mujeres como todas, que sienten, que sufren y que atraviesan lo mismo que otras mujeres. Y la incursión nuestra en el feminismo también ayudó. Ammar tuvo durante muchos años una impronta muy sindical, y la sigue teniendo, por eso somos parte de la CTA, pero también hubo muchas compañeras que se involucraron con una mirada más feminista y nos dimos cuenta que hay que salir a disputar también esos espacios. Durante muchos años otros hablaron por nosotras y creyeron que arrojándonos el derecho penal encima y cerrando los cabarets y las whiskerías, nos ayudaban y después escuchándonos a nosotras  se dieron cuenta que en lugar de ayudarnos, nos perjudicaron.

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