Un «cisne negro» llamado Santiago Maldonado

Las declaraciones de las autoridades del Ejecutivo Nacional, que intervinieron en el conflicto patagónico explicando la existencia de un grupo de integrantes de la comunidad de aborígenes mapuches llamado RAM, financiado por fondos británicos, despertó la sospecha que este conflicto iba más allá.

De pronto fueron potenciadas las dudas acerca del acontecimiento ocurrido cuando la fuerza de seguridad, máximo representante del Estado Nacional en el área, deslinda su responsabilidad y transfiere a las autoridades del Ejecutivo las consecuencias de su intervencion, generando un combo de sospecha muy grande.

¿Que hay detrás de toda esta sospecha? Cuando se analizan los antecedentes del conflicto, aparecen dos temas muy prioritarios para este gobierno: el desarrollo inmobiliario y el desarrollo energético.

Son muchas las noticias publicadas en los principales medios de comunicación acerca de la lucha de los mapuches por la posesión de sus tierras. Muchas de las informaciones se encuentran en progreso, tales como las del desarrollo de Vaca Muerta, tal vez unas de las mayores reservas energéticas del mundo. Según el diario Clarín, se suspendieron 14 perforaciones en Vaca Muerta por un conflicto con los mapuches presentes en ese territorio, que exigirían US$ 1,5 millón por pozo perforado.

Pero ¿tienen estos autodenominados descendientes de los pueblos originales, la fuerza para generar un conflicto de estas características? Aquí comienzan las dudas, cuando se profundiza la investigación: ¿desde cuándo toma trascendencia este conflicto?

Tal vez, la trascendencia publica se remonta a la reforma constitucional de 1994, texto que en el artículo 75 inciso 17 le reconoce a los pueblos originales, entre otras cuestiones, la posesión de la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocuparon.

Esta reforma constitucional se suma al hecho de que en 2007 se beatificó en el Vaticano a Ceferino Namuncurá (apellido mapuche que significa ‘pie de piedra’), hijo de Manuel Namuncurá, cacique que luchó contra Julio Argentino Roca en 1883; y a la vez nieto de Calfucurá, y hermano de Antonio Namuncura que ya había luchado con la primera incursión al desierto por Juan Manuel de Rosas, en 1832.

Tal como se podrá apreciar, los conflictos por la posesión de esas tierras no son nuevos.

Cuando se revisan antecedentes e investigaciones acerca de la disputa por las tierras, resulta que han participado o participan, desde personajes cercanos al Vaticano a nazis refugiados en la zona de San Carlos de Bariloche y Villa la Angostura. Estos antecedentes serian incompletos si no se mencionara que, casualmente, en ocasión de la detención de Erich Priebke, en 1994, ocurrió en la Cancillería un intento de conciliar la reparación económica a los afectados por el Holocausto, introduciendo un antecedente cuya adaptación local han considerado organizaciones vinculadas a los mapuches.

El capítulo económico de la lucha por estas tierras, tan ricas en valor inmobiliario y energético, residencia de pueblos originarios, vincula a intereses diversos y encandila la puja que ubica al caso de Santiago Maldonado como un símbolo casual de semejantes diferencias.

Tal vez, la participación de organizaciones no gubernamentales de enunciados humanistas tampoco sea ajena a estas reivindicaciones, detrás de banderas que nadie jamás podrían contradecir. Por todos esto, el caso de Santiago Maldonado puede devenir en un Cisne Negro de características transversales al gobierno presente, y el anterior también.