Concejala y abogado constitucionalista exigen clausura de comisaría 7ª

Ante los reiterados episodios y denuncias, la concejala Norma López y el abogado constitucionalista Roberto Sukerman exigieron al Ministerio de Seguridad de la Provincia la clausura de dicha dependencia y reclamaron además que la intendenta Mónica Fein se ponga al frente de los problemas de violencia institucional que padecen los rosarinos.

“El lugar que debe velar por la seguridad de los ciudadanos y respetar los derechos humanos de los detenidos se convirtió en un espacio de  violencia institucional, que ampara el proxenetismo, la desaparición forzosa de personas y en donde no se cumplen las condiciones básicas edilicias para la permanencia de personas. Desde el gobierno provincial poco han hecho al respecto y lamentablemente la intendenta Mónica Fein solo asiste como mera espectadora”, aseguraron Sukerman y López.

Por su parte, la presidenta del bloque del FPV, aseguró que solicitará desde el Concejo que se evalúen medidas urgentes a tomar de cara a las distintas situaciones de violencia institucional ocurridas en la Comisaría 7ª. “Citaremos una vez más al Ministro de Seguridad de la provincia Maximiliano Pullaro, a quien hemos convocado en reiteradas oportunidades sin respuesta alguna, para que nos informe, más allá del relevamiento de la cúpula que hizo, qué otras medidas se tomarán para garantizar su función en otro ámbito. Exigiremos asimismo que la comisaría sea clausurada”, aseguró.

En ese sentido Sukerman, quien en estos días insistió con el fin de las comisarías como anclaje territorial de toma de denuncias y de vigilancia de presos que deberían estar al cuidado del servicio penitenciario, más una plena reestructuración de la fuerza, afirmó: » Hace años lo venimos señalando y creemos que éstos no son casos aislados. Un buen comienzo sería, precisamente, cerrando la comisaría de barrio Agote. Es responsabilidad prioritaria del Gobierno Provincial y también de la intendenta Municipal ponerse al frente de los problemas y darles solución. El mero relato de lo que habría que hacer , como días pasado hizo el ministro Maximiliano Pullaro, solo está dejando más inseguridad, más muertes, y más casos de violencia».

Asimismo, Sukerman y López exigieron que el Gobierno Provincial se haga eco del reciente informe del Comité contra la Tortura de la ONU y de las recomendaciones elaboradas por el organismo tras constatar entre otras vulneraciones, el elevado número de muertes en lugares de detención y la falta de información sobre los resultados de las investigaciones de esas muertes. Asimismo alerta sobre grupos especialmente vulnerables en contextos de encierro como las mujeres.

La situación de la joven que luego de ser detenida en la comisaría 7ª permaneció en coma en el Hospital Clemente Álvarez; la muerte de Franco Casco, el amparo de un prostíbulo, diversos motines e intentos de fuga; las constantes denuncias de los vecinos luego de la muerte del verdulero Damián Lucero; son algunos de los episodios que rápidamente se pueden enumerar, en una larga lista de incidentes y hechos que hablan a las claras de «la necesidad» de tomar decisiones urgentes».